Opinión
Columnas Diarias
CivitasEn la necesidad de que la meritocracia deje de ser una aspiración y se convierta en la norma; en poder verificar verdaderamente la capacidad e idoneidad de una persona para ser magistrado, fiscal general o contralor.
Como siempre, caemos en la trampa de pensar que nuestros problemas políticos son una mera cuestión de “personas buenas” contra “personas malas”. Sin embargo, dejamos de ver que la historia de reformas fallidas o de cambios que nunca ocurren en el país responde a un problema técnico y estructural: de incentivos y de ingeniería institucional, que no es otra cosa que el diseño deliberado de las reglas del juego. Por ello, tenemos que hablar del elefante en la sala en estos últimos años, y más evidentemente en los últimos meses: el modelo de comisiones de postulación.
Por muchos años se ha tratado de corregir la Ley de Comisiones de Postulación (decreto número 19-2009), buscando ajustar ciertas piezas visibles del proceso: más transparencia, más escrutinio público, mejores criterios, más controles para impedir influencias indebidas. ¿Y el resultado? Casi el mismo de siempre. Así, las mismas dudas persisten: ¿cómo hacemos para que sean procesos más transparentes?, ¿que mejores profesionales se postulen?, ¿qué estándares de evaluación deben prevalecer?
