Un buen funcionamiento del servicio público de justicia es necesario para la garantía de los derechos y de la igualdad entre ciudadanos. Un sistema judicial correctamente engrasado contribuye a la buena convivencia, la cohesión social y la seguridad jurídica. La defensa del Estado de derecho se juega, de manera importante, en el hecho que exista calidad en los tribunales y garantías de independencia e imparcialidad del poder judicial. Si bien esto es una evidencia, no parece que esta constatación se traduzca en hechos: el ámbito de la justicia tradicionalmente ha quedado relegado a un segundo plano. Tanto las demandas ciudadanas como la preocupación partidista se han centrado más en otras cuestiones. O bien, cuando actores políticos y sociales han hablado de justicia lo han hecho demasiado pegados a reivindicaciones corporativas de poco recorrido.
Esta realidad se ve reflejada en los presupuestos. Sin ir más lejos, debería hacernos pensar el mayor peso relativo que ha ido ocupando a nivel presupuestario el ámbito policial frente al judicial. Como señala el sociólogo Loïc Wacquant en Las cárceles de la miseria, esta fue una tendencia acentuada en el período de centralidad neoliberal y populismo punitivo, pero no ha dejado de estar presente en gran parte de los países occidentales. Por activa o por pasiva, por voluntad o por desidia, el servicio público de justicia se ha ido devaluando y desgastando. En una línea similar, el criminólogo John Brathwaite y el filósofo Philip Pettit señalan en No sólo su merecido que los tribunales deben contar con los recursos necesarios para garantizar el derecho a un juicio justo, que no pueden derivarse a otros servicios con la excusa de una mejor prevención del delito.
