EditorialLa idea de que el tema sea tratado en sede legislativa no resulta reprochable en sí, pues el Congreso es la sede por excelencia para los acuerdos políticos, pero en caso de que no se logre, será el Mandatario quien tendrá que zanjarlo.
ComentariosLa ofensiva que ha iniciado el Partido Nacional Libertario -respaldada también por el Partido Republicano- para presentar iniciativas de ley destinadas a conceder indultos o incluso amnistía a exuniformados que estén condenados por actos de servicio en el marco del llamado estallido social ha generado tensiones dentro del oficialismo, ya que no solo las directivas de Chile Vamos se han manifestado a favor de que los posibles indultos se revisen caso a caso -aunque incluso dentro de estas colectividades hay cierto desorden en las posturas, pues senadores de RN son también patrocinantes del proyecto sobre amnistía-, sino que el propio gobierno ha insistido que los eventuales indultos que conceda el Presidente José Antonio Kast seguirán la línea del caso a caso.Los parlamentarios que han iniciado esta presión sobre La Moneda resienten que cuando ya están por cumplirse cuatro meses de mandato todavía no existan señales concretas en esta materia, a pesar de que en campaña Kast hizo mención de una serie de situaciones injustas que afectan a exuniformados, y ya como Presidente confirmó que utilizará la facultad del indulto sin entrar a discutir la sentencia judicial, argumentando que “hay situaciones que creo que se deben analizar y revisar”, evitando comprometer plazos.No es claro de qué forma la presentación de distintos proyectos de ley por parte de parlamentarios podría acelerar las decisiones en La Moneda o tensionar aún más las relaciones en el oficialismo, pero la idea de que los partidos busquen trasladar el debate sobre los indultos al Congreso no parece cuestionable en sí, pues de hecho la sede legislativa es la instancia por excelencia para buscar acuerdos y poner de relieve aquellos temas que son de interés para la sociedad, aunque queda la duda de si en las comisiones respectivas parlamentarios de oposición podrían tratar de bloquear la tramitación de estas iniciativas.Es un hecho que un sector del país tiene una mirada muy crítica de todo el período que sobrevino a partir de octubre de 2019, y reclaman que una serie de exuniformados han sido condenados injustamente, pues -aseguran- sus actuaciones se enmarcan en el cumplimiento de las labores que el propio Estado les encomendó para asegurar el orden público. Esa visión es tajantemente rechazada por otros sectores, que denuncian la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y la comisión de graves delitos por parte de agentes del Estado. Si es que finalmente estos proyectos de ley logran ser discutidos en el Congreso, será posible tener una aproximación de cómo se plantean las diversas fuerzas políticas frente a estos temas y las distintas sensibilidades que hay en juego. Más allá de que por ahora se advierte muy difícil un acuerdo político, atendidas las antagónicas posturas que se han conocido, tampoco cabe descartar de plano que eventualmente se alcance algún tipo de acuerdo, pero en la medida que ello no sea posible será entonces el Mandatario quien lo tendrá que zanjar -despejando la incógnita de si se limitará a indultar casos a partir de 2019, o si también incluirá a condenas posteriores a 1973-, asumiendo personalmente las implicancias que conlleva esta decisión.Más sobre:indultosuniformadosKastlibertarios







