OPINIÓNPunto de vistaOpiniónExplica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.La ley restringe la legitimación activa, exigiendo demostrar un daño particular, escribe Liza Gallardo21 de mayo de 2026 - 10:30 PMLas opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.Una comunidad que quiera detener un proyecto de $10 millones tiene que depositar $1 millón antes de que un juez siquiera escuche su caso. Eso no es un requisito legal, es una barrera económica diseñada para silenciar a quienes no tienen capital, destaca Liza Gallardo. (Xavier Araújo)La Ley 82 de 2026, firmada el 12 de mayo por la gobernadora, enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos con el argumento de dar “certeza jurídica” al desarrollo económico. En realidad, privatiza el acceso a la justicia. Guías de OpiniónLas columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. Popular en la Comunidad