La primera vez que un político fue condenado por tráfico de influencias en España ocurrió hace 31 años. El histórico alcalde socialista de L’Hospitalet de Llobregat, Juan Ignacio Pujana, fue sentenciado a seis años de inhabilitación, un mes de arresto y una multa. La Audiencia de Barcelona consideró que había facilitado una adjudicación para la construcción y concesión de varios aparcamientos subterráneos a una empresa que a su vez debía subcontratar las obras a la constructora de un amigo suyo. Los jueces acuñaron el término “tráfico de influencias en cadena”. El alcalde, valiéndose de su cargo, presionó a los técnicos y funcionarios municipales. Lo hizo, en principio, por amistad, ya que la sentencia consideró que él no recibió dinero a cambio, y se le absolvió de la acusación de cohecho (soborno) y falsedad. Evidentemente, Pujana desapareció del radar público. Desde entonces ha sido evidente que el delito de tráfico de influencias es uno de los más difíciles de discernir, puesto que hay que demostrar la presión sobre un funcionario o cargo público y también hay que tener autoridad para realizar esa coacción. Los políticos que ya son ex, es decir, que han dejado sus puestos en los gobiernos, mantienen en muchos casos una relevante capacidad de influencia en esas administraciones, por lo que suelen ser captados por consultoras y empresas para abrirles las puertas de lo público. ¿Es éste el caso de José Luis Rodríguez Zapatero?El juez lleva un año recopilando datos a partir de las investigaciones policiales y ha recabado unos indicios que aún no permiten conocer hasta qué punto Zapatero pudo incurrir en tráfico de influencias y blanqueo de dinero. Lo que más llama la atención del auto judicial de imputación es el amplio entramado de empresas que participaron en la trama y será tarea del instructor desbrozar el grado de conocimiento y participación del expresidente en esa malla que todo apunta a que no era trigo limpio dado el afán de ocultación que suele conllevar la creación de sociedades meramente instrumentales, sin actividad real, generalmente para entorpecer el rastro del dinero. La lectura del auto ofrece una imagen de Zapatero muy distinta a la de un mero ex gobernante que cobra por meros asesoramientos. Se relatan indicios sólidos, pero se tienen que probar. A partir de ahora la vía judicial tiene vida propia y determinará si hay delito, pero en el plano político ya se ha producido una consecuencia más relevante: la pérdida de la inocencia para la izquierda y, en especial, de Pedro Sánchez ante su electorado. Ése es el verdadero punto de inflexión para el líder del PSOE. El caso Zapatero diluye la estrategia que hasta ahora sostenía el presidente del Gobierno de distinguir entre los investigados de los que no tiene muchas dudas de que cayeron en la corrupción y aquellos que está convencido que son objeto de una torticera persecución judicial. ¿Dónde sitúa a Zapatero?Cuando saltaron el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la reacción de Sánchez fue levantar un muro. Ni presunción de inocencia ni medias tintas. Se confesó engañado y dictó sentencia al declararlos culpables desde un punto de vista político. Sin duda, la lectura de los informes policiales sobre ellos y las revelaciones del sumario sonrojan a cualquiera. Pese a que se trataba de dos cargos de mucha confianza en el partido, Sánchez logró encapsular hasta cierto punto la irradiación tóxica de sus presuntas fechorías. El presidente distinguió así entre esos casos y los que afectan a su familia, que atribuye a las maniobras políticas de la derecha para abrir causas contando con la ayuda de algunos jueces, el famoso lawfare del que tanto se han quejado los políticos independentistas y Podemos, entre otros. El juicio a su hermano está previsto que empiece la semana que viene en Badajoz. A David Sánchez se le acusa de tráfico de influencias y prevaricación. Lo que la mayoría de los mortales llama “un enchufe” por el que supuestamente la Diputación pacense habría creado un puesto pensado para él saltándose las condiciones de mérito, capacidad y libre concurrencia. En la Moncloa están convencidos de su inocencia, pero también de que será condenado.Como tampoco albergan duda alguna de que lo mismo pasará con la esposa del presidente. Es cierto que en este caso la actuación del juez Peinado ha sido discutida de una forma más transversal, pero Sánchez asume que Begoña Gómez se sentará en el banquillo, probablemente en un juicio con jurado popular y en este caso su entorno no se ha contenido a la hora de reprochar al instructor sus actuaciones, empezando por las declaraciones al respecto del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El presidente está mentalizado de que también en este caso habrá condena y que todo se alargará con recursos ante el Tribunal Supremo. En lo que respecta a su ámbito familiar, Sánchez había conseguido la comprensión e incluso el apoyo de muchos de los militantes del PSOE. Con Ábalos y Cerdán esas bases socialistas y sobre todo sus votantes sufrieron el primer gran desengaño. Con las causas contra la familia de Sánchez se imbuyeron de indignación. El golpe de Zapatero es demoledor.En el PSOE están seguros de que no hay financiación irregular del partido, pero temen que el juez acabará por imputárseloSánchez no ha incluido al expresidente en el primer grupo y ha salido a defender su presunción de inocencia, pero también ha tenido especial cuidado en no atribuir su imputación a una muestra de lawfare. Dicho de otra forma, el líder del PSOE considera que no tiene ningún motivo para dudar del juez que investiga a Zapatero, pero sí denuncia lo que considera una injusticia, que es que se hurgue con especial denuedo en las actividades de ese ex presidente socialista, el que más ha apoyado a este Gobierno y ha trabajado para mantener el apoyo de sus aliados parlamentarios, mientras que no se hace lo mismo con otros como Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy cuando los primeros llevan años facturando por trabajos de consultaría y sobre el último aparecieron indicios de que conocía la financiación ilegal del PP. En su intervención de ayer en el Congreso, Sánchez dejó el caso de Zapatero en esa ambigüedad, aunque apelara a la presunción de inocencia y al reconocimiento de su legado como gobernante.El presidente quiso dejar claro ayer que no va a adelantar las elecciones, pero sabe que en el año que falta para las generales éste no va a ser el último mazazo. En la Moncloa temen que la causa separada del caso Ábalos-Koldo por la que se ha abierto una investigación judicial sobre la financiación del PSOE vaya tomando forma en los próximos meses y que acabe en la imputación formal del partido. Aseguran en el PSOE que no hay nada irregular en sus cuentas, que las han revisado por el derecho y por el revés, pero se está instalando la impresión de que se pondrá en duda la limpieza de la financiación del PSOE y no hay que olvidar que ésa es una línea roja expresada por casi todos los aliados parlamentarios de Sánchez. Ayer mismo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, apostaba por mantener su apoyo al Gobierno mientras no se demuestre una “Gurtel socialista”.La imputación de Zapatero deja a los votantes socialistas con una incógnita planeando sobre lo que pueda venir en los próximos meses sobre otras causas judiciales abiertas. La gran pregunta es hasta dónde estarán dispuestos a confiar los electores en que Sánchez es víctima de un acoso político-mediático-judicial concertado, más allá de los casos Ábalos-Cerdán. En definitiva, ¿los votantes meterán todos los casos en el mismo saco?, ¿responsabilizarán directamente al presidente? La confianza en la limpieza de un gobernante es el mayor tesoro de que puede disponer un político ante sus electores. Cuando se colma el vaso y éstos pierden la inocencia ante el que ha sido su referente político, rompen el contrato.Licenciada en Periodismo y Políticas. Directora adjunta de La Vanguardia. Autora de la newsletter 'Política', que se publica cada jueves, y de los libros 'El naufragio' y 'El muro', sobre el conflicto catalán