La consigna en Moncloa es inequívoca: cerrar filas con José Luis Rodríguez Zapatero y blindar su legado político y moral dentro del PSOE pese a su imputación por varios delitos de corrupción en el caso Plus Ultra. Aún conscientes de que la investigación "está en fase embrionaria" y se trata de un foco de desgaste de primer orden para el Gobierno, en el entorno del presidente han decidido asumir ese riesgo con la esperanza de que el suflé baje con el tiempo. Esa "apuesta" está más contenida sobre la lealtad política —e incluso emocional— que sobre una argumentación jurídica firme, por lo que la defensa del PSOE es cambiante. Los socialistas han pasado de denunciar una supuesta operación de lawfare, a desecharla tras leer el auto para apelar ahora a la falta de "pruebas concluyentes" o a sostener que existe una línea difusa entre la actividad de lobby y el tráfico de influencias.Ese discurso oscilante evidencia hasta qué punto Moncloa ha convertido la defensa de Zapatero en una cuestión casi identitaria. El cierre de filas se activó de manera automática, prácticamente en el mismo instante en que trascendió la imputación y antes incluso de que los dirigentes socialistas hubieran podido leer el contenido del auto judicial. Y por si quedaba alguna duda sobre los planes del presidente —como convocar elecciones anticipadas o dejar de respaldar al expresidente—, Pedro Sánchez se encargó de disiparla a viva voz desde el Congreso.El presidente proclamó que Zapatero cuenta con "todo su apoyo" y aprovechó para enviar un mensaje de resistencia: su intención es agotar la legislatura y mantener el rumbo hasta 2027. Una arenga dirigida tanto a sus filas como a sus socios parlamentarios en medio de un golpe político y reputacional que amenaza con seguir sobrevolando Moncloa y erosionar, sobre todo, la figura del propio Sánchez. "La defensa es cerrada hasta que se demuestre lo contrario", apuntalan desde el entorno del presidente, que hablan de que existe un "sentimiento" en el Gobierno de que lo que deben hacer es respaldar a Zapatero. No dan nada por seguro, pero la "apuesta" está hecha, al menos, con lo que hay ahora mismo sobre la mesa.Pero lo que hay no es menor y, si algo se tuerce, Sánchez tendrá muy complicado echarse atrás tras este cierre de filas. Un ejemplo reciente es el de Santos Cerdán, con quien tuvo que comerse sus propias palabras, y todo ello desató una crisis sin precedentes en el partido. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. "Es nuestro derecho no dejarnos llevar por las conclusiones", alegan al respecto desde el Ejecutivo de Sánchez.No solo no se dejan llevar, sino que los argumentos que esgrimen los socialistas para no dar por ciertas esas conclusiones son variadas y diferentes según de dónde vengan.Del lawfare al lobbismo, pasando por falta de pruebasEl lawfare al que apuntaban en un primer momento tanto desde Ferraz como desde el Consejo de Ministros ya está descartado. "El auto es serio", reconocen desde el Ejecutivo. Aunque los 'peros' al mismo son varios. Uno de los argumentos más utilizados es que el mismo no incluye ninguna prueba documental que incrimine a Zapatero un delito de tráfico de influencias. El argumento es matizable, ya que sí existe documentación citada en el auto, aunque no "única y concluyente" que incrimine por sí sola, sino que son indicios documentales que el juez Calama ve suficientes para imputarle.Que no haya pruebas documentales es lo que, a su juicio, diferencia este auto del de Santos Cerdán, que sí contenía conversaciones intervenidas directamente atribuidas al propio investigado. También insisten en que la supuesta vinculación del expresidente Zapatero con Plus Ultra se apoya únicamente en indicios y en inferencias del instructor. Pero este no es un argumento que desacredite el auto, puesto que este tipo de razonamientos son habituales en la fase de instrucción, en la que el juez construye hipótesis a partir de elementos aún no plenamente acreditados.Otros cargos socialistas apuntan a que les falta en el auto la figura de "persona influenciada", pero pasa lo mismo que con el anterior argumento, ya que en fase de instrucción tampoco es necesario encajarlo hasta ese punto, solo una hipótesis razonable de delito basada en indicios. Pero lo que más repiten desde las filas del PSOE para seguir confiando en la inocencia de Zapatero es que existe una delgada línea entre lo que es tráfico de influencias y hacer lobby y, a su juicio, esto se podría enmarcar en el lobby. Una actividad que, en todo caso, desde el propio Gobierno han impulsado hace tiempo una norma para poder regularlo que, en todo caso, aún se encuentra bloqueada en la tramitación parlamentaria. Entre las aspiraciones del anteproyecto de ley está, precisamente, el control de reuniones con altos cargos, un código de conducta o reflejar quién ha influido en cada norma.