El primer cruce"La pregunta que se hacen los ciudadanos no es qu� estatus tiene un procesado ante el tribunal que lo juzga, sino qu� es razonable creer seg�n los indicios"El ex presidente del Gobierno, Jos� Luis Rodr�guez Zapatero.EUROPA PRESSActualizado Viernes,
mayo
22:50Audio generado con IALos pol�ticos tienen una relaci�n curiosa con la presunci�n de inocencia: la invocan como principio sagrado cuando imputan a uno de los suyos y se la niegan al adversario incluso cuando no media imputaci�n alguna. C�mo ser� de caprichosa esta relaci�n, que el Gobierno sigue presumiendo inocente a �lvaro Garc�a Ortiz tras una condena firme.Tras el estallido del caso Zapatero hemos vuelto a comprobar c�mo los pol�ticos juegan con las palabras para acallar cr�ticas y sembrar confusi�n. Unas veces por ignorancia y casi siempre por inter�s, convierten la presunci�n de inocencia -una garant�a procesal- en una supuesta obligaci�n moral de creer en la inocencia de cualquier investigado hasta que se dicte sentencia. Pero confundir los planos jur�dico y epist�mico conduce a conclusiones absurdas.La pregunta que se hacen los ciudadanos no es qu� estatus tiene un procesado ante el tribunal que lo juzga, sino qu� es razonable creer seg�n los indicios. La presunci�n de inocencia implica que el Estado no puede tratar a un acusado como culpable sin haber demostrado su culpabilidad mediante un procedimiento con garant�as, no que un observador carece de legitimaci�n para creerlo culpable. La presunci�n de inocencia es una garant�a institucional, no una descripci�n psicol�gica de lo que los ciudadanos deben pensar.Ah� tienen al siempre sagaz �scar L�pez repitiendo que estamos obligados a creer en la inocencia del ex presidente pese a los indicios porque, de lo contrario, vulnerar�amos su presunci�n de inocencia. Pero un ciudadano informado que considera probablemente culpable a un investigado no est� dictando sentencia; est� realizando una inferencia. Lo que exige este principio es que el Estado pruebe formalmente los hechos antes de castigar, no que el ciudadano deje en suspenso su racionalidad hasta que acabe el juicio. Cuando preguntados por Zapatero, el presidente y sus ministros insisten en que �ante todo, presunci�n de inocencia�, no est�n invocando una garant�a procesal sino tratando de desactivar la cr�tica y presentar cualquier inferencia adversa como antidemocr�tica.Pero una democracia liberal no exige que los ciudadanos sean ingenuos; lo delirante ser�a que la actuaci�n de polic�a, fiscal�a y jueces no generara una actualizaci�n de nuestras creencias.S�lo as� se entienden las distintas presunciones que conviven en un Estado de Derecho: la presunci�n de inocencia del acusado y la presunci�n de buena fe institucional, por ejemplo. Cuando alguien es investigado, detenido o llevado a juicio, tendemos a asumir que no ha ocurrido arbitrariamente.Esa es la paradoja: si convertimos la presunci�n de inocencia en una obligaci�n de creer ciegamente en la inocencia factual del acusado, entonces negamos toda credibilidad preliminar a jueces, fiscales y polic�as. Y eso tampoco resulta compatible con un Estado de Derecho.Convertir la presunci�n de inocencia en una prohibici�n de pensar es una perversi�n del principio. Y utilizarla como escudo autom�tico ante cualquier indicio de corrupci�n es tambi�n una forma poco disimulada de tratar a los ciudadanos como idiotas.
