La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sacudido como un terremoto la vida política del país. Se trata, sin duda, de uno de los grandes referentes de la izquierda española, de modo que la noticia de que está siendo formalmente investigado ha causado tanto entusiasmo en un bando como desasosiego en el otro. En las filas progresistas, la reacción en un primer momento fue de incredulidad e incluso sospecha frente a la actuación judicial. A medida que se han ido conociendo más datos se extiende la sensación de decepción. En palabras del diputado Rufián, “si es verdad, es una mierda, y si es mentira, es una mierda también”. En momentos así resulta especialmente útil una visión jurídica que ayude a entender, en la medida de lo posible, qué está realmente pasando.
La primera idea, desde este punto de vista, es que en este caso no se puede hablar sin más de lawfare o guerra sucia judicial. La investigación contra Rodríguez Zapatero no la pone en marcha ninguna asociación como Manos Limpias ni obedece a primera vista a intereses políticos. En el curso de la investigación judicial sobre la regularidad de las ayudas que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra aparecen unos mensajes en los que los directivos de la compañía comentan primero la posibilidad de recurrir a la influencia del expresidente y más adelante se van refiriendo a diversas gestiones realizadas por él. A partir de ahí, es normal que el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción promuevan que se le investigue. Sería disparatado no hacerlo. Más aun, el hecho de que el instructor haya esperado a que pasen las elecciones andaluzas para hacer público el caso demuestra un intento de, precisamente, no influir en ellas.
