La gran pregunta que planea sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no es únicamente jurídica, sino también política y moral desde el momento en que surge la duda de que si habría sido llamado a declarar como investigado si no se hubiera significado de manera tan clara y constante en defensa de Pedro Sánchez.
Es inevitable que muchos ciudadanos se formulen esa duda en un momento en que la frontera entre la justicia y la lucha política parece cada vez más difusa.
Soy consciente de que no puede hablarse con propiedad de un “golpe de Estado judicial”, una expresión extremadamente grave a la que no recurriré por no haber pruebas concluyentes. Pero sí reflexionaré acerca de la impresión de que asistimos desde hace tiempo a una creciente judicialización de la vida política, donde determinadas actuaciones producen efectos públicos y mediáticos devastadores incluso antes de que exista una sentencia o, en ocasiones, antes incluso de que existan indicios sólidos.
Porque en política, el tiempo judicial nunca es inocente, y una imputación, aunque luego quede archivada o termine en absolución, deja una huella inmediata en la reputación de una persona al tiempo que altera el tablero político.
