La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso Plus Ultra ha caído en el PSOE como una bomba y ha desatado nerviosismo en la cúpula y las filas socialistas, conscientes del enorme desgaste que puede suponer este nuevo frente judicial y la probable caída en desgracia del que ha sido su faro político en los últimos años. No obstante, la reacción de Moncloa y de Ferraz llegó de forma precipitada, incluso antes de que se conocieran los argumentos del juez en el auto, con un cierre de filas inmediato en defensa de Zapatero que, sin embargo, evidenció más dudas y menos contundencia que en anteriores causas. Detrás de ese movimiento estuvo una orden directa de Pedro Sánchez para blindar el "buen nombre" del expresidente, una consigna trasladada a los dirigentes socialistas cuando ni siquiera habían leído todavía el contenido de la resolución judicial ni disponían de argumentos sólidos para sostener públicamente su respaldo.La inquietud interna no es menor. La imputación amenaza con abrir una de las mayores crisis políticas e identitarias del PSOE en los últimos años, ya que Zapatero no es solo un expresidente con peso simbólico, sino uno de los pilares ideológicos sobre los que Sánchez ha construido buena parte de su proyecto político. Convertido en uno de los principales activos electorales y discursivos del actual PSOE, el exmandatario sigue siendo una figura reverenciada en el socialismo por las leyes sociales impulsadas durante su mandato, desde el matrimonio homosexual hasta la ley de igualdad, la reforma del aborto o la lucha contra la violencia de género, hitos que el partido reivindica todavía hoy como parte central de su legado.La noticia de su imputación trascendió a primera hora de la mañana, aunque el contenido íntegro del auto no se conoció hasta bien entrada la tarde. En la resolución, el juez José Luis Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que perseguía presuntamente "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente de Plus Ultra".Pero para entonces la reacción política ya estaba en marcha. Moncloa y Ferraz habían decidido blindar públicamente al expresidente sin conocer todavía el contenido del auto. Todo se desencadenó a raíz de un mensaje de Sánchez en un chat privado con dirigentes de la cúpula del PSOE en el que pidió cerrar filas con Zapatero apelando a su legado político. A partir de ese momento, la maquinaria socialista se activó de forma coordinada con mensajes de apoyo en redes sociales y con la difusión de la tesis del 'lawfare' como eje central de la defensa política. Desvían el foco al PP y tratan de rebajar el alcance del autoPese al cierre de filas oficial, distintos dirigentes socialistas admiten en privado que la imputación ha generado conmoción y un fuerte nerviosismo interno. Y, tras conocerse el auto, algunas voces de peso en la cúpula dan por hecho que el recorrido judicial "será bestial" e irá "para largo". Apuntan, además, a que será el propio Zapatero quien dará explicaciones sobre los hechos que recoge el juez en el auto.Conocidos los primeros detalles de la resolución judicial, en el PSOE y en Moncloa comenzó además a imponerse una estrategia orientada a evitar valoraciones contundentes sobre el fondo del asunto y a desplazar el foco hacia presuntas filtraciones al PP y la batalla política con la oposición. Varias voces socialistas sostienen que Génova manejaba información de la causa antes incluso de que se levantara el secreto de sumario. "Hay alguien que les pasa información", asegura un dirigente de peso en el Ejecutivo. "La estrategia del PP y de la derecha es llegar al verano con el bombardeo", añade otra voz de Moncloa.En Ferraz también sostienen que existe una doble vara de medir entre los casos que afectan al PSOE y los que salpican al PP, y denuncian que la justicia y el debate público avanzan a dos velocidades: una mucho más rápida y agresiva cuando las investigaciones afectan al entorno socialista y otra más lenta y menos expuesta mediáticamente en las causas vinculadas a dirigentes populares.Al mismo tiempo, en la dirección socialista tratan de rebajar el alcance del auto apoyándose en otro argumento: sostienen que, por ahora, la resolución judicial no recoge referencias directas a funcionarios públicos ni conversaciones concluyentes que acrediten una supuesta influencia política, sino únicamente menciones indirectas y alusiones a terceros. "Hay frases descontextualizadas", apunta un dirigente socialista. "Falta la figura concreta de la persona presuntamente influenciada y no aparecen conversaciones directas", añade otra voz de la Ejecutiva federal. En la misma línea, un dirigente con peso en Moncloa insiste en que, tras una primera lectura del auto, "lo que se ve son referencias a terceros".En todo caso, en el PSOE no se percibe ni la contundencia ni la seguridad política exhibidas en otras crisis recientes, como la defensa cerrada del fiscal general del Estado o la rápida ejecución política de Ábalos en el caso Koldo. Esta vez el respaldo a Zapatero existe, pero aparece envuelto en cierta prudencia y en un evidente temor al alcance judicial y político del caso. En Ferraz son conscientes de que la imputación del expresidente no golpea únicamente a una figura histórica del socialismo, sino al principal referente ideológico del actual PSOE, y que cualquier deterioro de su imagen amenaza con abrir otro frente de enorme desgaste para un Gobierno ya cercado por múltiples causas y escándalos.