Exige un esfuerzo sobrehumano ignorar las contradicciones entre un discurso elevado sobre la democracia y las prácticas que describe el auto judicial
La investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental es una mala noticia y, a la vez, una buena noticia. Los indicios recogidos en el auto del juez Calama de la Audiencia Nacional son deprimentes. Y, por otra parte, el procedimiento indica que, como ha pasado otras veces, personas que podrían considerarse al margen de toda fiscalización no lo están. Una señal de la solidez del auto (que no anula la presunción de inocencia) son las reacciones que ha generado. En el argumentario inicial —lawfare, persecución— se quedaron los más torpes, mientras otros habituales defensores del Gobierno reculaban. A estas alturas, sería ridículo escandalizarnos de que la portavoz del Gobierno mienta, como hizo al decir que el origen de la investigación era una denuncia de Manos Limpias, cuando arranca de actuaciones de las fiscalías suiza y francesa y de la Fiscalía Anticorrupción española: sería más sorprendente que dijera la verdad. Los aciertos y errores de Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno no lo hacen más culpable. Y, desde luego, tampoco lo exoneran.
