La Moncloa y sus socios parlamentarios se conjuran para creer en la honorabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el auto de la Audiencia Nacional que le imputa presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental e integración en organización criminal ha provocado una enorme desorientación. El PSOE se niega a asimilar que la figura política más querida en el partido esté inmersa en un posible caso de corrupción. La misma incredulidad afecta a los partidos de izquierda. La ascendencia del expresidente del Gobierno va mucho más allá de los límites del socialismo y alcanza a todos los votantes progresistas. Pero todos están determinados a dar un margen hasta que Zapatero comparezca ante el juez el próximo 2 de junio. Esa fecha es crucial porque la petición de que ofrezca explicaciones ha crecido en las últimas horas. El Ejecutivo confía en que pueda defenderse. "Vamos a esperar a la declaración", aseguran fuentes del Gobierno. Pedro Sánchez ha impuesto en el PSOE el respaldo a Zapatero. Lo hizo en las primeras horas con su mensaje al grupo de la Ejecutiva Federal y fue más allá este miércoles en el Congreso al darle públicamente "todo su apoyo". Esto obliga a los socialistas a seguir en esa senda, aunque no impide que surjan dudas. Crecen las voces en el grupo parlamentario partidarias de que el expresidente haga declaraciones antes: que convoque una rueda de prensa o acuda al programa de Carlos Alsina, como hizo después de que El Confidencial desvelara su relación comercial con Análisis Relevante, propiedad de su socio en la supuesta trama. Empieza a extenderse en el PSOE el miedo a que este asunto, tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sea el golpe definitivo que hunda a los socialistas en las próximas elecciones. El Ejecutivo se esfuerza por alejar al máximo los problemas judiciales de Zapatero del precedente de sus dos ex secretarios de Organización. Aunque se reconoce que en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 4 hay "indicios", se aferran a que todavía no hay "pruebas directas" y "concluyentes" contra el expresidente. La consigna oficial es "dejar que la justicia haga su trabajo". El PSOE, que disparó contra los jueces cuando se conoció la causa contra Zapatero, descarta ahora la teoría de la conspiración, en la que siempre enmarcan los procesos contra la mujer y el hermano de Sánchez, precisamente porque consideran que la resolución de la Audiencia Nacional está bien argumentada. Entre los socios de los socialistas, tanto dentro como fuera del Gobierno, también hay desconcierto. Las palabras elegidas por varias fuentes consultadas tras la imputación de Zapatero y la publicación del auto van desde la "incredulidad" a la "preocupación" y todos insisten en la "prudencia". Es distinto a lo que ha ocurrido con otros casos de presunta corrupción vinculados a los socialistas. En esta ocasión ha habido varios socios que, tras el estallido del caso, han evitado hablar de lawfare, el comodín al que se han agarrado en asuntos como la del exfiscal general del Estado o la de Begoña Gómez. Una vez que se han leído el escrito de 88 páginas del juez José Luis Calama, casi todos los socios han abandonado la tesis de la "cacería judicial" a la que aludió Gabriel Rufián desde su escaño en la sesión de control. "Es muy feo", expresa una fuente del ala minoritaria del Gobierno. "Hasta la lectura del auto, la cosa pintaba a lawfare; ahora se ve con más equidistancia", añade otra, que cree que la crisis "mina" a las bases del PSOE y también "aleja" a potenciales votantes de los socialistas, que llevan un tiempo remontando en las encuestas a costa de crecer por su izquierda. IU, por ejemplo, fue muy prudente el martes y no ha sido hasta 24 horas después cuando se ha pronunciado Enrique Santiago. El líder del PCE es también portavoz en asuntos judiciales de la federación de izquierdas y ha abogado por la regulación de la "actividad de los expresidentes". Pero también ha dejado claro que si Zapatero "ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito". En la federación de izquierdas admiten la "seriedad" del juez Calama y esperarán hasta la declaración del 2 de junio y la decisión que tome el magistrado. "Hay cosas que son muy difíciles de entender", apuntan fuentes de uno de los socios parlamentarios del Gobierno, que aluden a la "carga sentimental" que tiene la imputación del expresidente del Gobierno. El rubicón al que aluden en esta formación es la posibilidad de que aparezca financiación ilegal del PSOE. Sería entonces cuando perderían el apoyo de varias de las fuerzas que hicieron posible la investidura de Sánchez y sostienen, aunque débilmente, al Ejecutivo en el Congreso. "Hay insinuaciones de terceras personas que son graves y deben ser aclaradas", expresan desde otra formación, donde apelan a la "presunción de inocencia". El desarrollo de la instrucción es la clave que marcará si los socios de Sánchez lo abandonan tras el golpe de Zapatero. "Es un asunto muy grave, serio y preocupante, pero está en una fase indiciaria", señala otro de los partidos que apoyó al líder del PSOE en su investidura. Los próximos pasos que dé el magistrado de la Audiencia Nacional determinarán la actitud de los aliados del presidente. Si considera probadas las conductas delictivas que le atribuyen al exlíder socialista, las consecuencias podrían ser desastrosas para Sánchez. "El futuro del Gobierno está ligado al futuro de Zapatero", avisó el miércoles Ione Belarra, la líder de Podemos, de una forma muy gráfica. La Moncloa y sus socios parlamentarios se conjuran para creer en la honorabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el auto de la Audiencia Nacional que le imputa presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental e integración en organización criminal ha provocado una enorme desorientación. El PSOE se niega a asimilar que la figura política más querida en el partido esté inmersa en un posible caso de corrupción. La misma incredulidad afecta a los partidos de izquierda. La ascendencia del expresidente del Gobierno va mucho más allá de los límites del socialismo y alcanza a todos los votantes progresistas.