Desde hace nueve meses, la atención mediática, política y judicial sobre la dana se ha centrado, sobre todo, en las poblaciones valencianas ribereñas del barranco del Poyo, donde se registraron 192 de los 228 fallecidos en la tragedia, y en el peligro de ruptura de la presa de Forata. La pequeña presa de Buseo, la única propiedad de la Generalitat Valenciana, ha pasado mucho más desapercibida, a pesar de que estuvo a punto de reventar aquel 29 de octubre y se desbordó con fatídicas consecuencias.
El pantano tenía tres de sus cuatro desagües de apoyo obstruidos y su plan de emergencias no estaba operativo. El agua se desbordó por coronación, alcanzando los dos metros y medio de altura por encima del muro de contención. Y la avenida causó la muerte de un padre y un hijo que vivían en Sot de Chera, el municipio más cercano aguas abajo de esa presa construida entre 1903 y 1915.
“Vino como un tsunami de repente, sobre las 22.45 horas“, explicó Ana María Coll, que perdió en su casa destrozada a su marido, Javier Sánchez, y a su hijo Javier, de tres años, antes de declarar en marzo ante la jueza de instrucción de la dana, Nuria Ruiz Tobarra. Nadie les avisó, nadie les rescató, nadie les contestó cuando llamaron al 112.
