La Sala de lo Penal justifica la elevada condena en el gran 'potencial desestabilizador' de la corrupción pública.

La Sala de lo Penal atribuye al exministro y su exasesor delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

El Alto Tribunal impone la pena máxima que pedía la Fiscalía Anticorrupción para el exministro y su asesor y a cuatro años y medio sin ejecución al comisionista