"Esperábamos una sentencia como esta: ejemplarizante". Así ha valorado, este lunes, Aina Vidal, diputada de Comuns, la condena contra el exministro socialista José Luis Ábalos por el caso mascarillas: 24 años de cárcel. "Aquellos que juegan con lo público se merecen una condena contundente", ha seguido celebrando la portavoz del espacio de Sumar, recordando que la trama operó con dinero público durante un contexto especialmente vulnerable para la mayoría social en España, la pandemia de la covid-19. "Lo que es inaudito", ha matizado, a renglón seguido, Vidal, "es que un pijo, mafioso y sin escrúpulos que ha jugado con la vida de los españoles —el empresario y comisionista Víctor de Aldama— se vaya de rositas". Una impunidad de la que, ha criticado Vidal, se aprovechan también las empresas corruptoras. Como Ferrovial, Acciona o Endesa.Publicidad"España no está pidiendo elecciones, está pidiendo explicaciones", ha despejado, enseguida, las dudas sobre la continuidad del Gobierno, reclamando a su compañero en el Consejo de Ministros —al PSOE— que deje de "lastrar" la legislatura y que "limpie su casa". "Queremos transparencia", ha exigido Vidal, con los ojos puestos en la comparecencia del presidente del Gobierno el miércoles en el Congreso. Una declaración pública en la que esperan que Pedro Sánchez "recupere y se comprometa" con algunas de las medidas pactadas con Sumar el pasado verano dentro del Plan Estatal de Lucha contra la corrupción. "Las soluciones están encima de la mesa", ha recordado la portavoz, poniendo la pelota en el tejado de las derechas. "Fueron PP, Junts y Vox los que tumbaron la oficina anticorrupción", ha repartido culpas Vidal, con un mensaje explícito a los Feijóo: "Que, el propio miércoles, se comprometan a retirar su veto a esta medida".Las políticas anticorrupción no son la única exigencia del hermano pequeño del Ejecutivo. "Esperamos que, además, se anuncie algún tipo de reforma en torno a la oficina de expresidentes", ha reconocido la diputada de Comuns, poniendo el foco sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Un paso al que se adelantó, a principios de mes, el grupo parlamentario de Sumar, registrando en el Congreso una proposición de ley para endurecer el control sobre la actividad de figuras como Aznar, González o Rajoy. Políticas de calado. Ese es el otro frente de batalla de los partidos de Sumar, arremangados para que lo que queda de legislatura "merezca la pena". Un extremo que, ha explicado Vidal, depende de cuatro prioridades. La primera y más evidente, la presentación de un proyecto de Presupuestos "ambicioso", que refleje su modelo de país y de Gobierno. Unas cuentas que se comprometan, por ejemplo, con la ampliación de recursos en materia de dependencia, en políticas de vivienda o para ayudas como la prestación por hijo a cargo. Objetivos, todos ellos, de "urgencia vital" y para los que piden al PSOE que no "use" las negociaciones "ni como cortina humo ni como forma de distraer a nadie". La segunda, la derogación de la ley mordaza. "Está en nuestras manos", ha puesto sobre la mesa Vidal, subrayando que hay una mayoría suficiente en el Congreso para sacarla adelante. Tercera, el endurecimiento del registro horario. Un reglamento, ha tirado de las orejas al PSOE, que solo necesita la luz verde del Consejo de Ministros y que no depende, por tanto, de la aritmética parlamentaria. "No pagar las horas extra es un fraude: para los trabajadores y para la Seguridad Social", ha recriminado Vidal a su socio de Gobierno, señalando al que es, para Sumar, el principal responsable de la parálisis de una medida "buena, válida y necesaria": el Ministerio de Economía. Cuarta y última, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, el "agujero negro" del mercado de la vivienda. "Estas tres normas tienen que salir adelante", ha insistido Vidal, para la que todo depende de la "voluntad política" que demuestre el presidente este miércoles.Publicidad"España no se merece una situación como la que refleja esta sentencia", ha valorado, por su lado, Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid, pidiendo, eso sí, la "misma contundencia pública, social, mediática y judicial" para todos los casos abiertos en los tribunales. Entre ellos, el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Queremos que se aplique el mismo rasero", ha exigido Rubiño, para el que no es de recibo que la sentencia contra Alberto González Amador se aplace "convenientemente" hasta después de las elecciones autonómicas en tierras madrileñas, en la primavera de 2027."En nuestro país, se puede indultar a gente corrupta"También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comentado la sentencia desde Mataró, a la salida del acto de lanzamiento de la Red de MujerES por la Economía Social. "Respeto absoluto a todas las sentencias", se ha lanzado a hablar la titular de Trabajo, para la que "no hay impunidad para quienes roban a las arcas del Estado". "Lo que me causa mucha sorpresa", ha matizado Díaz, "es que el corruptor —Aldama— no ingrese en prisión". Un extremo que, para la vicepresidenta, demuestra que "en nuestro país, se puede indultar a gente corrupta".Lo que hay que hacer, ha seguido explicando la ministra, es tomar medidas para prevenir la corrupción. "Y aquí me quiero dirigir directamente al Partido Popular", ha puesto deberes a los de Feijóo: "Lo que tendrían es que estar sentados en una mesa trabajando, si tanto le preocupa la corrupción, para evitar que esto nunca más suceda". Y no votando en contra de las medidas que el Gobierno impulsa en materia de transparencia y democratización del Estado. En cualquier caso, para Díaz, "queda muchísimo por hacer". "Sobre todo, tomar medidas contra los corruptores", ha dibujado el principal vacío legal: "Esos de los que nunca queremos hablar".