Actualizado a las 21:42h.
La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso Mascarillas ha impuesto condenas muy graves a José Luis Ábalos y a Koldo García, 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, y una muy atenuada a Víctor de Aldama, liberado del ingreso en prisión. Es una sentencia por unanimidad de unos magistrados que, al margen del ruido político e informativo, han encontrado en las pruebas practicadas y en las deliberaciones posteriores al juicio oral una base de consenso. El resultado es una sentencia en la que no solo se declaran probados unos hechos y condenados unos acusados. También hay un análisis oportuno y necesario sobre la corrupción en el ámbito del poder político, análisis que será el umbral del Tribunal Supremo por el que pasarán los futuros casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el PSOE y, en el futuro, con cualquier otro gobierno y partido. Basta leer el primer hecho probado y el primero de los fundamentos jurídicos para entender la razón por la que el tribunal ha enmarcado el caso Mascarillas en un acto de abuso del poder político. «Los actos analizados –dice la sentencia– no solo buscan un beneficio, sino que se ejecutan desde el ejercicio del poder político y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales, como lo es el Gobierno». Y añade un pronunciamiento decisivo: «Especialmente, en casos como los sometidos a nuestro enjuiciamiento, son actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de derecho, proclamado en el art. 1.1 CE».
