Actualizado a las 13:41h.
La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas, con graves condenas a José Luis Ábalos y a Koldo García, tiene una relevancia esencial para medir penalmente las conductas por corrupción realizadas al amparo del poder político. En primer lugar, es muy importante la unanimidad alcanzada por los magistrados, quienes ofrecen un criterio único y cerrado que impide el aprovechamiento político de cualquier fisura en el tribunal y refuerza la sentencia frente a posibles recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En segundo lugar, es un respaldo absoluto al fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ha visto acogidas sus principales peticiones de condena y también la apreciación de una atenuante cualificada a favor de Víctor de Aldama. En la misma medida en que Luzón ha sido avalado, su superiora, la fiscal general, Teresa Peramato, se ha topado con una sentencia que desacredita su empeño en impedir que Luzón incluyera en su calificación definitiva la atenuante de colaboración con la Justicia, aunque la defendió en su informe oral.
Por otro lado, la gravedad de las condenas impuestas a José Luis Ábalos, quien fue mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, exhibe la vara de medir que puede aplicarse a los procesos por corrupción en marcha, que tienen el denominador común formado por el Gobierno y el PSOE como medio ambiente propicio de los delitos investigados. No es posible sustraerse al impacto político directo de esta sentencia en la continuidad de la legislatura, al margen de la agónica lucha de Sánchez por apurar los límites de su supervivencia.
