La geopolítica también se ha convertido en la brújula con la que se toman decisiones económicas en Bruselas. Esto se ve con claridad en la nueva regulación que ha planteado la Comisión Europea este miércoles en la que busca dar preferencia a los productos y servicios made in Europe en la contratación pública, especialmente en los sectores críticos, como la energía, el transporte o el agua. El objetivo es doble: por un lado, ayuda a las empresas de la UE frente a la competencia global y, por otro y sobre todo, intenta reforzar la seguridad económica reduciendo dependencias de otras grandes potencias como China. Lo que pone sobre la mesa la Comisión con esta norma, que está en la misma línea que el reglamento de aceleración industrial presentado hace unos meses, es dar la posibilidad a los compradores públicos (Gobiernos nacionales, regionales, ayuntamientos) de dar ventaja en los concursos a las ofertas procedentes de Europa o, incluso, vetar la participación de compañías de países que no apliquen condiciones recíprocas, especialmente en sectores clave como la energía, la salud, el agua, el transporte, la construcción naval, el material ferroviario o la industria de doble uso (civil y militar). En principio, las restricciones que pone Bruselas sobre la mesa no obligan a los Estados miembros a adoptarlas, pero abre la puerta de par en par. La Comisión se reserva además el derecho de plantear al Consejo de la UE la conversión de algunos de los aspectos que recoge la norma en obligatorios. En el reglamento propuesto, adelantado por EL PAÍS a principios de julio, Bruselas incluye como “países cubiertos” a los que han firmado con la UE acuerdos de libre comercio en los se contempla la contratación pública y a los Estados que tienen firmado el acuerdo global de concursos públicos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En este último paraguas están los 27 Estados miembros del bloque, más otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Suiza y una decena más. La UE busca respetar el principio de reciprocidad y dar el mismo trato a las empresas europeas que a las de los países que, sobre el papel, hacen lo propio. No obstante, en los últimos años este tipo de medidas proteccionistas han aumentado en todo el mundo, incluidos los países asociados, de ahí que Bruselas también contemple la posibilidad de excluir de esta cobertura a los que no respeten la reciprocidad. Otro punto pasa por los cambios en los criterios de los concursos. En la normativa propuesta se plantea que haya, al menos, un 30% de criterios de calidad. Este porcentaje puede llegar, incluso al 50%. Fuentes de Bruselas explican que en la actualidad ya hay muchos concursos que aplican esta lógica por la vía de los hechos, por lo que la medida en sí no es del todo novedosa. Lo que se hace, por tanto, es dar seguridad jurídica a los compradores públicos y protegerles frente a demandas legales. Como sucede en la norma de aceleración industrial, todos estos pasos tienen una consecuencia: ponerle más difícil a China el acceso al mercado europeo. El gigante asiático no aparece expresamente citado en la norma −no puede hacerse si se quiere respetar la legalidad internacional− pero el diseño de las medidas da ese resultado. Por ejemplo, aunque Pekín forme parte de la OMC, no ha suscrito el acuerdo sobre contratación pública y tampoco hay acuerdo bilateral firmado sobre esta materia. Los concursos y las compras públicas son una herramienta de la política económica muy importante, que, además, permite a los Gobiernos y autoridades actuar directamente en los mercados como actor protagonista. Lo asume el propio reglamento cuando apunta a que las compras públicas suponen en torno al 15% del PIB de la UE, unos 2,6 billones de euros. “[Esto] convierte la contratación pública en un instrumento para respaldar los objetivos políticos más amplios de la Unión, entre ellos el refuerzo de una economía social de mercado altamente competitiva, resiliente y sostenible”.