La Comisión ultima un reglamento para que las administraciones públicas favorezcan la contratación europea en ámbitos como la energía, el transporte o el agua
La Comisión Europea busca en la contratación pública una herramienta para impulsar a las empresas de la UE y dar ventaja a los productos made in Europe. En último término, el Ejecutivo comunitario pretende reforzar la seguridad económica del bloque comunitario y reducir dependencias de otras grandes potencias, principalmente China. Para lograrlo, la Comisión ultima un reglamento en el que abre mucho las puertas para que los concursos de compras de la administraciones de la UE incluyan cláusulas de preferencia europea, según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS, especialmente en sectores considerados “críticos” como la energía, la salud, el agua, el transporte o sectores industriales que pueden ser de doble uso —civil o militar—, como la construcción naval y el material ferroviario.
El texto de 170 páginas que está preparando el Ejecutivo europeo busca, como norma general, dar la opción a “los compradores públicos” de introducir requisitos que puedan dar ventaja a las compañías europeas o, directamente, vetar la participación de las que tienen una nacionalidad de un país tercero que no tiene normas recíprocas con la UE. El borrador sí deja claro que no se puede perjudicar a las empresas con las que hay acuerdos de reciprocidad en este campo.
