Volkswagen afronta una semana decisiva para el futuro de sus trabajadores. La dirección del grupo volverá a someter, el próximo 4 de septiembre, al consejo de administración su controvertido plan de reestructuración, que contempla la supresión de hasta 100.000 empleos, posibles cierres de fábricas y la separación de algunas actividades. El proyecto ya fue rechazado en la anterior reunión del consejo, celebrada en julio, y afronta una nueva votación en un clima de creciente tensión entre la cúpula y los sindicatos y el Estado de Baja Sajonia.
La presión es especialmente elevada porque el consejo de administración de Volkswagen cuenta con una estructura de poder poco habitual reservada a grandes empresas alemanas por la ley de la cogestión. De sus 20 puestos, actualmente uno está vacante, mientras que los representantes de los trabajadores y Baja Sajonia controlan 12 sillas, lo que les permite bloquear el plan de la dirección. El Estado alemán de Baja Sajonia (donde se ubica la sede central de Wolfsburg) posee además un 20% de las acciones con derecho a voto y cuenta con una posición de bloqueo efectiva en determinadas decisiones estratégicas.
El primer ministro de Baja Sajonia, Olaf Lies, uno de los principales actores en las negociaciones, ha reclamado a todas las partes que aprovechen los últimos días antes de la reunión para alcanzar un acuerdo. “Insto encarecidamente a que aprovechemos el tiempo que queda hasta la próxima reunión para conciliar las diferentes posturas”, afirmó el viernes. Lies considera que Volkswagen debe afrontar con urgencia sus problemas de costes y competitividad, pero también recuerda el impacto que cualquier decisión tendrá sobre los trabajadores, sus familias y toda la red de proveedores y empresas de servicios vinculada al grupo.
