Los bonos han vuelto a temblar en los últimos días, revelando las grietas de un mercado que hace tiempo que viene dejando muestras de debilidad. La escalada de los precios energéticos, a causa del conflicto de Irán, es solo el último factor de inquietud para unos inversores que vienen demandando tipos de interés más elevados por invertir en una deuda sometida a dosis cada vez mayores de incertidumbre. En ese escenario, la deuda española no ha salido, ni mucho menos, ilesa. El Tesoro español se viene enfrentando desde hace varios meses a una escalada continua de sus costes de emisión, que ha llevado ya los tipos a los que se financia el Estado a su nivel más elevado desde 2017. Pese a esto, España puede presumir de ser uno de los países europeos que mejor están capeando la tensión en los mercados de deuda, con una evolución de los tipos casi paralela a la de Alemania y mucho mejor que la de Italia y, sobre todo, Francia. Un logro que está siendo posible gracias al apetito que vienen mostrando los inversores internacionales por la deuda española. Un apetito que viene de lejos. Así lo reflejan los números, que evidencian que el dinero internacional ha financiado prácticamente todo el incremento del endeudamiento de España desde 2022. Según los datos del Tesoro Público, el total de la deuda española en circulación en el mercado ha crecido en 244.128 millones de euros entre el cierre de 2022 y mayo de este año (último dato publicado). En ese periodo, los inversores “no residentes” (uno de los diez grupos en que el Tesoro divide a los tenedores de su deuda) han elevado la cartera de deuda española que controlan en 241.421 millones de euros. De este modo, las tenencias de deuda nacional en manos de inversores extranjeros rondan ya los 740.000 millones de euros, lo que supone que casi la mitad (un 49,94%, exactamente) de la deuda emitida por el Tesoro Público está actualmente en manos de inversores internacionales. Al cierre de 2022, apenas superaba el 40%. El respaldo del dinero internacional ha sido esencial para la financiación del Estado en un momento crítico, ya que ha coincidido con la retirada por parte del BCE de los programas de compra de bonos que puso en marcha tras la crisis del euro y que agudizó durante la pandemia. Retirada del BCE Hace apenas tres años y medio, la cartera de bonos en manos del BCE –a través del Banco de España– se aproximaba bastante a la de los inversores intencionales (413.574 millones frente a 497.889), pero desde entonces el supervisor ha ido reduciendo su participación en la deuda española, hasta situarla en la actualidad en poco más de 313.000 millones, una reducción superior a los 100.000 millones de euros. Para cubrir este vacío dejado por la institución que dirige Christine Lagarde y atender a sus crecientes necesidades de financiación, España no solo ha contado con el interés del dinero extranjero, sino que otros grupos también han elevado su cuota de participación. Así, por ejemplo, los bancos nacionales han incrementado sus inversiones en letras y bonos del Tesoro en más de 50.000 millones de euros, hasta concentrar un 15% del total. Y más llamativo ha sido el repunte del interés de las familias españolas: ya en 2022 habían elevado su inversión en deuda pública, desde poco más de 1.000 millones (un 0,09% del total) hasta los 3.233 (un 0,26%) y, desde entonces, siguieron aumentando su cartera hasta superar los 28.000 millones en 2024 (un 2,04%). Actualmente poseen un 1,59% de toda la deuda emitida por el Estado, lo que supone unos 23.611 millones. TE PUEDE INTERESAR El incremento de la inversión de las familias es ilustrativo de las fuerzas que han conducido el interés creciente de los inversores por la deuda española en estos años. El fin de las compras del BCE, unido a la subida de tipos que siguió a la crisis inflacionista generada por la guerra de Ucrania, provocó un crecimiento relevante de las rentabilidades abonadas por el Gobierno español (y por el resto de gobiernos de la eurozona) para colocar su deuda en los mercados. En ese escenario, además, España se presentó ante los inversores con una situación institucional relativamente más estable que otros países de su entorno y unas tasas de crecimiento superiores que han permitido enjugar su posición fiscal –la deuda sobre el PIB, que en 2021 llegó a superar el 120%, se sitúa actualmente en el 101,5%, según el Banco de España– de un modo que contrasta con la de Francia o Italia, entre otros. Los extranjeros han sido tradicionalmente la fuerza principal entre los inversores en deuda pública española. Sin embargo, su interés por financiar al Estado español se redujo de forma considerable tras la crisis de la deuda periférica iniciada en 2010 y que puso a España al borde del colapso en el verano de 2012. Desde entonces, ya con un mayor respaldo del BCE y con el atractivo de unos tipos de interés notablemente superiores a los otros países de la región, España vio incrementarse de nuevo la inversión internacional en deuda española, hasta rozar casi el 49% del total en 2019. En ese momento, el estallido de la crisis del coronavirus y el inicio por parte del BCE de un programa de compra de bonos aún más potente propició un paso atrás que ahora se viene revirtiendo desde 2022 y que supone que actualmente casi la mitad de la deuda del Estado esté en manos de inversores internacionales. Incluso cuando los títulos españoles ya ofrecen rentabilidades más bajas que las de muchos otros países de su entorno. ¿Positivo o negativo? Esta atracción de dinero internacional encierra una lectura esencialmente positiva, ya que vendría a evidenciar la confianza en la salud de las finanzas públicas españolas por parte de los inversores foráneos. Esta sensación de seguridad se vería refrendada por hechos como las mejoras de rating que encadenó España hace menos de un año y que elevaron la nota de su deuda a sus mejores niveles en casi tres lustros. No obstante, a menudo, también se ha entendido que una elevada dependencia del dinero extranjero puede suponer una vulnerabilidad en caso de dificultades, ya que se trata de inversores mucho menos comprometidos con el país y que, por ello, estarían más dispuestos a deshacerse de esa deuda, con un consiguiente incremento de los costes de financiación. TE PUEDE INTERESAR Un estudio realizado por la Reserva Federal de Dallas llegaba a la conclusión de que los países que dependen del dinero internacional para financiar sus déficits se ven más expuestos a un encarecimiento de la financiación cuando su situación fiscal se debilita. Según sus cálculos, por cada punto de incremento del déficit sobre el PIB, estas economías registran un repunte de los tipos de su deuda de 16 puntos básicos. En cualquier caso, se opte por la visión positiva o por la negativa, tampoco parece haber razones ni para la euforia ni para el catastrofismo. Y es que, según los datos de la Comisión Europea, con algo menos de un 50% de su deuda en manos de inversores internacionales, España se sitúa en una posición media en la región, con una proporción muy superior a la de Suecia o Chequia (poco más del 20%) o Italia (en torno al 35%), pero similar o inferior a la de Alemania, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica o Grecia.