Las drogas viajan más rápido que la luz. Los hechos consumados tienen un impacto más profundo, irremediable e inmediato que el imperio de la ley. Andalucía, además de otros graves problemas sociales, como el desempleo o la precariedad, se ha convertido en los últimos lustros en un espacio de frontera –cosa que geográficamente es desde hace siglos– donde las mafias de la droga, con sedes en Argelia y en Marruecos, y embajadas a lo largo del litoral de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, que no tiene costa pero es la autopista náutica de los clanes que introducen hachís y cocaína desde África y de los buques nodriza que, desde destinos hispanoamericanos, surten a las lanchas que operan en el Sur, han elegido para distribuir –más rápido y de forma más efectiva– su mercancía.El menudeo de hachís y otras sustancias blandas ha sido, en términos históricos, una constante en el Campo de Gibraltar y en otras zonas de la costa gaditana. Bajarse al moro –la romería de particulares que cruzaban en barco desde Algeciras y Tarifa al puerto de Tánger y después se trasladaban en taxis alquilados hacia Chefchaouen en busca de chocolate– era, hace tres décadas, casi un rito de iniciación (no precisamente religiosa) para generaciones que ahora se aproximan a la edad de la jubilación. También era una estampa cotidiana y habitual ver el desembarco ilegal de fardos con hachís o tabaco en la playa de La Atunara, en La Línea de la Concepción, a apenas un paso de la ya desaparecida verja de Gibraltar.El flujo de sustancias ilegales en el sur de la península es, pues, cuento viejo. La novedad estriba en que desde hace unos años lo que era una actividad diletante, tolerada y no siempre perseguida, se ha convertido en una verdadera industria con un grado asombroso de medios, recursos y sofisticación que, dada su extraordinaria rentabilidad, ha colonizado parte de la economía meridional y está provocando profundos cambios sociales.Vista satelital del golfo de Cádiz CedidaEl más evidente es la sucesión de episodios violentos y de muertes –entre ellas, de varios guardias civiles– que vienen repitiéndose en el cauce del río Guadalquivir, a lo largo de la costa onubense (hasta la frontera con Portugal) y en el litoral gaditano, el punto más cercano al Estrecho.Hace una semana fue un tiroteo –con tres muertes, entre ellas una mujer embarazada y un menor; más dos heridos– sucedido en la barriada del Rocío Isla Cristina, una de las localidades de la Costa de la Luz –situada entre la desembocadura del Guadiana y el antiguo río Betis– que más turismo familiar y de clase media congrega todos los veranos.La causa aparente: un presunto ajuste de cuentas entre clanes dedicados al narcotráfico, entre ellos una familia del conflictivo barrio del Torrejón, en Huelva capital. En mayo, en plena campaña de las elecciones andaluzas, fueron dos los guardias civiles fallecidos tras chocar con una narcolancha a ochenta millas de la costa onubense, entre Punta Umbría y Mazagón.Un buque patrullero de la guardia civil por las aguas de Cádiz CedidaDos años antes, en Barbate, sucedió otra tragedia análoga: dos agentes de la Benemérita –uno de ellos nacido en Barcelona– morían al ser embestidos violentamente por una lancha –impulsada por cuatro motores fueraborda– conducida por un traficante de nacionalidad marroquí.La reacción institucional ante estos episodios ha sido de duelo público. La sensación social se resume en un miedo creciente ante el incremento de la inseguridad allí donde operan los narcotraficantes. La Junta de Andalucía reclama al Gobierno central –el único con competencias en esta materia– más recursos humanos y medios materiales para combatir esta actividad que, además de ilegal, está transformando la cultura en las comarcas donde el contrabando, además de ser un gran negocio, degenera en violencia.San Telmo no esconde su preocupación ante la gravedad del fenómeno: la industria del narco en Andalucía no deja de expandirse y mutar. Afecta a la totalidad del litoral meridional, desde Ayamonte (frontera con Portugal) a Pulpí (Almería). Son novecientos kilómetros de amenaza constante.Imagen aérea de las marismas del Parque Nacional de Doñana CedidaLas mafias de la droga, a las que la cocaína deja muchos más beneficios que el hachís, han expandido su territorio operativo desde Cádiz a Sevilla y al litoral de Huelva. Transportan alijos que pesan toneladas, están más profesionalizadas, usan drones y radares, diseñan sus operaciones en varios enclaves geográficos y custodian su mercancía con armamento de guerra.Ya no son piratas. Se trata de criminales con conexiones internacionales que trasladan fardos de cocaína desde Málaga hasta el Algarve para huir de la vigilancia policial en el Estrecho. El litoral entre Huelva y Sevilla –el área de Doñana y las cavernosas marismas del Guadalquivir– se ha convertido en el punto de tránsito más eficaz, dada su enorme extensión y los infinitos meandros fluviales, para trasladar sus portes hacia tierra firme.Los traficantes operan todos los días. Tienen a su favor el paisaje horizontal, la carestía crónica de recursos policiales y la escasez de medios judiciales. En esta Andalucía fluvial y marítima, el narcotráfico no es un ave de paso. Reside. Está. Actúa. Su impacto social cada vez es mayor.Agentes de la Guardia Civil requisan fardos tirados al mar CedidaDe la picaresca tácita de antaño se ha pasado a una suerte de activismo industrial a través de proveedores que venden el combustible que necesitan las lanchas irregulares –el petaqueo– y un sistema informal de avisos y alertas –los aguadores– que ayudan a los traficantes a cambio de recompensas infinitamente más rentables que cualquier actividad laboral.Los traficantes también han desplegado sobre el territorio sus particulares servicios de inteligencia –una red de colaboradores que vigilan las comisarías, los cuarteles y a los miembros de las fuerzas de seguridad–, organizan acciones señuelo y planifican su logística de manera que, si en el Estrecho existe un mayor control policial, puedan dirigirse a rutas alternativas.Muchos cabecillas de los narcos, igual que las lanchas con las que trafican, ya no se esconden. Se muestran a la luz del día. Unos operan desde Argelia y Marruecos, otros desde Marbella; sus intermediarios locales lo hacen en España. Y, como evidencia el tiroteo de Isla Cristina, un caso limitado al ámbito de las redes locales de distribución de droga, se combaten entre sí.Desembocadura del río Guadalquivir en la localidad gaditana de Sanlúcar de BarramedaCedidaUnos cultivan marihuana y otros venden hachís, pero para los industriales del narco los mayores beneficios proceden de la cocaína y del tráfico de personas (cada viaje se cobra a 3.000 euros) y armas, sus dos nuevas líneas de negocio. Hay muchas otras más, derivadas del blanqueo de capitales.Tradicionalmente, los clanes del contrabando invertían sus ganancias en la compra de grandes propiedades inmobiliarias, coches de alta gama y oro y plata. Ahora las canalizan –a través de redes societarias creadas por despachos de abogados– en toda clase de actividades mercantiles, desde eventos deportivos a criptomonedas, pasando por la organización de festivales, patrocinios, gimnasios y locales de restauración, usando como testaferros a profesionales del sector del ocio, lo que complica el rastreo de la policía y las investigaciones judiciales, que se demoran durante décadas.Los viejos contrabandistas de la Andalucía romántica hace más de dos siglos que son historia. Casi el 40% de toda la cocaína que se requisa en la península ibérica transita a través de Andalucía. El presente sugiere una progresiva y acelerada colombianización del sur de España si el Gobierno –o los que puedan sucederle en un futuro inmediato– no lo remedian.