Como en la fábula, nadie parece estar haciendo caso al depredador que amenaza con engullirnos. El narcotráfico se alimenta en España sin que prestemos suficiente atención a su dieta. La provincia de Cádiz y la zona del Estrecho son, desde hace tiempo, los cotos de caza más activos. Ahí su régimen alimenticio se basa en precariedad policial, colapso judicial, normalización social del fenómeno y desatención política.
Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera llevan años reclamando mejorar sus medios. Una premisa por encima de las demás: necesitan aumentar su tecnología. Los narcos del Estrecho disponen de más y mejores herramientas y los mandos policiales están cansados de rogar más inversión. Lo humano también se queda corto. La ratio de efectivos versus narcos es alarmante. Estamos llenos de siglas (Udyco, GRECO, OCON, SVA...) pero faltos de agentes. No solo eso; desde el desmantelamiento de OCON Sur (la extinta unidad de la Guardia Civil destinada a la lucha contra el narco en el sur de España), no hay una sola sección del cuerpo que pueda dedicarse en exclusiva al asunto. Una comandancia de la Guardia Civil de Cádiz o Málaga deberá lidiar con capos mafiosos y, a la vez, con una disputa entre dos vecinos de escalera. En Policía Nacional está el Greco, pero estos grupos de élite están mal pagados y basan el reclutamiento en lo vocacional: no muchos están dispuestos a llevar a cabo turnos de 20 horas y perseguir a jefes mafiosos sin cobrar siquiera un plus de peligrosidad, como sí ocurre todavía en País Vasco y Navarra. No lo justifica, pero la precariedad explica, entre otras cosas, el veneno de la corrupción policial, mucho más extendido y grave de lo que el ciudadano medio percibe.
