Andalucía vive hoy un narcotráfico más disperso, más violento y más difícil de combatir, donde la cocaína ha ganado peso en los últimos años sin desplazar al hachís y donde la geografía —costas extensas, espacios naturales protegidos y ríos navegables— juega a favor de las organizaciones criminales. En este contexto Huelva ha dejado de ser un territorio secundario para convertirse en un punto estratégico. Las redes de narcotráfico que operan en la costa onubense ya no se parecen a las de hace una década. No es solo una cuestión de alijos más numerosos. El riesgo ahora es mucho mayor debido al incremento notable del transporte de cocaína a través de la misma logística que antes se dedicaba a la introducción de hachís desde Marruecos, y al empleo de armas largas y subfusiles de guerra entre las mafias. En la última década se ha producido un cambio de fase con organizaciones más complejas, cargas de mayor valor, violencia creciente y un territorio que se ha convertido en nodo logístico de entrada y distribución de droga hacia España y Europa. Así lo describen, desde distintos frentes, quienes investigan, persiguen y se enfrentan a diario a este fenómeno: la Fiscalía y las fuerzas de seguridad.Para Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, la evolución es clara y alarmante. “Mi percepción viene de casi 35 años en esta Fiscalía y lo que vemos es un salto cualitativo muy preocupante en el crimen organizado, fundamentalmente en el narcotráfico”, afirma. No se trata solo de cifras —que también—, sino de cómo llegan esas cantidades, quiénes las mueven y con qué nivel de violencia se protegen.Las incautaciones avalan ese diagnóstico. En los últimos años, Andalucía concentra la mayor parte del hachís intervenido en España y Huelva se sitúa como una de las provincias clave. Pero es la cocaína la que ha marcado el punto de inflexión. Solo en lo que va de año se han interceptado en territorio onubense dos alijos con cerca de 11 toneladas en total. “Es mucho más preocupante por los efectos que produce y por su valor. Proteger un cargamento de cocaína exige mayores medidas de seguridad y eso determina la violencia y el uso de armas que antes eran casi testimoniales”, explica Flores. Un fenómeno que, subraya, no existía con esta intensidad hace apenas unos años.La Fiscalía constata además un desplazamiento geográfico del narcotráfico. La presión policial sostenida en el Campo de Gibraltar ha empujado la actividad hacia otras costas andaluzas. “Ese fenómeno global se ha ido desplazando hacia la costa de Málaga y Almería y fundamentalmente hacia la costa de Huelva, e incluso hacia Portugal”, señala el fiscal jefe. La desembocadura del Guadiana y el Algarve sufren ya esa presión, en una lógica de organizaciones que buscan los puntos con menor cobertura y vigilancia y que, gracias a la velocidad de sus medios, pueden elegir casi en tiempo real dónde descargar.El factor territorial es determinante. Huelva combina kilómetros de costa virgen, marismas, rías y espacios naturales como Doñana, y reúne la desembocadura del Guadalquivir y amplias zonas cercanas a Portugal: un escenario “difícil y complejo de vigilar con medios limitados”, señala Flores. “Cuanto menos urbanizado y más salvaje es un paisaje, más complicada es la vigilancia”, abunda.Aun así, el fiscal jefe pone el acento en la respuesta del Estado. Destaca la profesionalidad y la capacidad de penetración de las investigaciones policiales y rechaza cualquier idea de impunidad. “La gente es detenida, la gente es condenada, el número de condenas es muy alto y las organizaciones se desmantelan. Es una batalla que se da todos los días”. Sin embargo, lanza una advertencia: reforzar solo a las fuerzas de seguridad no basta. “Si no reforzamos también la Justicia —Fiscalía y judicatura—, el cuello de botella se produce en la tramitación de los procedimientos penales”.“En dos años han fallecido cuatro guardias civiles y un policía portugués”, recuerda el portavoz en Huelva de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC, la mayoritaria entre los agentes), Lucas Lavilla, mientras las operaciones, recalca, se suceden “un día sí y otro también”. Lavilla alerta además de una normalización inquietante, con narcolanchas varadas en playas o visibles a plena luz del día. La asociación lleva más de una década reclamando que la provincia sea declarada Zona de Especial Singularidad. “Ya no pedimos solo más medios humanos y materiales; pedimos endurecer las penas”, explica Lavilla. El objetivo es cortar el apoyo social al narcotráfico, especialmente en fenómenos como el petaqueo ―suministro de combustible a las narcolanchas― o los llamados aguadores ―personas que alertan de presencia policial―. “Pagan muy bien por no hacer nada y así se alimenta el sistema”, denuncia.Desde el ámbito local, el relato se vuelve aún más crudo. Un agente de la Policía Local de la costa onubense describe una actuación marcada por la incertidumbre. “No sabemos quién, cuándo, dónde ni a qué nos enfrentamos. Vamos ciegos”, explica. Denuncia que las organizaciones criminales vigilan jefaturas y cuarteles, controlan los movimientos policiales y provocan incidentes intencionados —incendios de contenedores, siniestros alejados...— para mantener ocupados a los agentes mientras descargan en otro punto. “Su trabajo dura uno o dos minutos; cuando reaccionamos, ya han terminado”.Las intervenciones de la Policía Local son, en muchos casos, casuales, sin medios ni información para controlar la entrada de embarcaciones. El miedo también juega en contra: “Los vecinos no suelen llamar porque tienen miedo”. Y el petaqueo añade un riesgo extremo. El almacenamiento de miles de litros de gasolina en garajes o viviendas es, dice, “material explosivo”. El agente recuerda deflagraciones en embarcaciones con personas despedidas por la explosión y accidentes en tierra que pudieron acabar en tragedias mayores.Fiscalía, sindicatos y policías de base coinciden en el diagnóstico esencial: Huelva vive hoy un narcotráfico de mayor escala, más violento y mejor organizado, favorecido por la geografía y por la evolución del mercado de la droga. “El crimen organizado va a existir mientras haya beneficio económico”, resume Flores. La clave, añade, es no dejar de dar la batalla: “Las únicas batallas que se pierden son las que no se libran”.Fragmentación en Cádiz y auge en AlmeríaLo que ocurre hoy en Huelva forma parte de una reconfiguración del narcotráfico en Andalucía, donde la presión policial sostenida en enclaves históricos como el Campo de Gibraltar ha forzado a las organizaciones a dispersar su actividad, diversificar rutas y cambiar sus formas de operar. La provincia de Cádiz, considerada durante años la zona cero del narco, es el ejemplo más claro de esa mutación. Poco queda ya de aquel asalto al hospital de La Línea, en 2018, cuando un grupo de traficantes se llevó por la fuerza a uno de los suyos herido y detenido, un episodio que simbolizó el poder alcanzado entonces por las mafias del Campo de Gibraltar. Ocho años después y tras la implantación del Plan Especial de Seguridad del Gobierno —extendido progresivamente a buena parte de Andalucía—, el narcotráfico del Estrecho ha optado por dispersarse y hacerse menos visible.Las grandes estructuras dominadas por liderazgos muy conocidos —como los hermanos Castaña, Jesús Heredia, El Pantoja, o Abdellah El Haj Sadek el Membri, más conocido como El Messi del hachís— han dado paso a redes más fragmentadas, con menos jerarquías visibles. En el mar, la operativa también ha cambiado: las narcolanchas ya no entran de forma inmediata, sino que permanecen fondeadas durante semanas o meses en alta mar, a la espera del momento idóneo para alijar. Ese cambio ha reforzado una figura clave: el petaquero. Su proliferación, unida a episodios como el ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando un narco mató a dos guardias civiles tras embestirlos con una lancha, confirma que Cádiz sigue moviendo grandes cantidades de droga y que la violencia no ha remitido, sino que se ha transformado. Como en Huelva, los investigadores han constatado además que los clanes gaditanos ya utilizan la histórica ruta del hachís para introducir cocaína, que llega desde América en mercantes, veleros o, incluso, narcosubmarinos. En Almería, en el otro extremo de Andalucía, el narcotráfico también vive un momento álgido. La mayor presión policial en la Costa del Sol ha trasladado parte de la actividad ilegal a la costa almeriense. Los datos del Ministerio del Interior reflejan ese auge: 1.265 operaciones en 2025, con más de 11.000 detenidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el contrabando. La violencia también ha aumentado. En febrero, un miembro de una organización criminal intentó disparar contra agentes de la Policía Nacional con un fusil de asalto, que se le encasquilló. En apenas seis semanas de 2026 se habían intervenido ya 17 armas, frente a las 112 incautadas durante todo 2025, según datos del propio comisario jefe en la provincia, Antonio María Delgado. Operaciones como la que desmanteló la red de El Rifeño, con tres toneladas de hachís, subfusiles, cócteles molotov y explosivos, evidencian el nivel de armamento de las organizaciones, muchas veces destinadas a protegerse de los llamados vuelcos, los robos de droga entre clanes.El narcotráfico tiene dos grandes perfiles en esta provincia. A un lado, los grupos formados por personas de la zona, muchos ligados a clanes familiares y al cultivo de marihuana, negocio millonario que les impulsa a abrir luego otras vías de negocio, incluido el tráfico de armas, con un aumento de los tiroteos y ajustes de cuentas como principal consecuencia. Al otro, los grupos internacionales —con Marruecos y Argelia como principales nacionalidades— que encuentran en Almería ventajas asociadas al parque natural Cabo de Gata, donde hay escasa población y existen multitud de pequeñas calas rodeadas de naturaleza, donde realizan una doble actividad ligada al tráfico de drogas y, también, al de personas, sobre todo desde la cercana costa argelina. Fuentes del Ministerio del Interior subrayan que la presión policial contra el narcotráfico en Andalucía se encuentra en su punto más alto. El pasado viernes, el ministro del Interior presentó dos operaciones de la Guardia Civil en aguas del Atlántico, una de ellas culminada con la mayor aprehensión de cocaína de la historia en un único operativo policial, como ejemplo de una estrategia centrada en golpear simultáneamente redes, rutas y estructuras del crimen organizado transnacional, apoyada en la cooperación internacional. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, iniciado en julio de 2018, ha permitido impulsar casi 48.000 operaciones policiales y la detención o investigación de más de 31.000 personas por narcotráfico y contrabando. En enero de 2026 se aprobó el V Plan, vigente hasta 2027, que prevé una inversión de 38,2 millones de euros solo en 2026 para reforzar plantillas y mejorar medios materiales, tecnológicos y de inteligencia.