El crimen organizado asociado al narcotráfico que ha enraizado en la costa de Andalucía, sobre todo en Huelva, está desbordando la capacidad de respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policías y guardias civiles alertan de la magnitud de la violenta realidad a la que se enfrentan casi a diario, como tiroteos con armas de guerra o embestidas con lanchas semirrígidas. Los tiroteos contra los agentes de la autoridad, las ejecuciones y ajustes de cuentas, son ya tan habituales como la incautación de armas largas y fusiles de asalto en las operaciones antidroga. En 2024, murieron dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz). El pasado mayo, fallecieron otros dos en Huelva en un accidente cuando perseguían otra narcolancha. Tres policías han resultado gravemente heridos en Isla Mayor (Sevilla) tras ser ametrallados al enfrentarse a sicarios contratados para proteger la mercancía. Este mes, la violencia extrema conmocionó a los vecinos de Isla Cristina (Huelva) cuando un ajuste de cuentas a tiros en plena calle dejó tres muertos, entre ellos una mujer embarazada y una menor.“Es cuestión de tiempo que nos maten”, aseguraba a este periódico un agente destinado en la zona. Los profesionales guardan el anonimato para proteger a sus familias y conviven con sus objetivos en los pueblos. La situación es una réplica andaluza del llamado síndrome del Norte: la hipervigilancia con la que vivían en Euskadi los policías que luchaban contra ETA.Ante las demandas de mayores medios, el Ministerio del Interior argumenta que esa zona tiene ya planes especiales desde el principio de la legislatura, en referencia a las distintas ediciones (cinco) del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que comenzó en 2018 y que este año se dotó con otros 32,8 millones de euros para reforzar plantillas y medios materiales y tecnológicos. En toda esa zona hay un número mayor de agentes en relación a la población, y el índice de delincuencia es menor con respecto a la media en el resto de España. Pero no se trata de delincuencia sino de crimen organizado. No alarman los números sino la categoría de lo que está pasando. Guardias y policías entrevistados por este periódico lo califican como una “guerra” entre el Estado y el narcotráfico. Blindar los 1.100 kilómetros de costa andaluza y sus ríos navegables (Guadalquivir, Guadiana, Guadalete, Odiel…) es una misión imposible. La droga entra por todos lados y con toda clase de embarcaciones. La cocaína, cuyos precios en el mercado han caído por exceso de oferta, viene ahora desde Latinoamérica por la ruta atlántica-africana y accede a la Península desde aguas portuguesas, perforando la costa de Huelva o usando las vías del hachís del Estrecho. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido al Gobierno más medios y que se reponga en la zona el grupo de élite (OCON) de la Guardia Civil, que se desmanteló en 2022 por supuesta corrupción. Pero reducirlo a una cuestión de medios policiales desenfoca una realidad que cabalga sobre la enorme demanda de droga que existe en Europa y el ingente negocio que conlleva. La narcoviolencia en Andalucía requiere también servicios de inteligencia y seguramente militares, necesita potenciar la investigación y seguir lecciones de otros lugares de Europa donde el narcotráfico ha sometido ciudades enteras: más juzgados y fiscalías especializadas y replantearse procedimientos que se eternizan y favorecen la impunidad. El narcotráfico en Andalucía ya es algo más que un asunto de delincuencia. La respuesta integral tiene que comenzar ya.