Amnistía Internacional denunció que el Gobierno nacional amplió en los últimos años sus capacidades para recolectar información, identificar personas y seguir sus movimientos mediante herramientas de reconocimiento facial, monitoreo digital y vigilancia aérea. La organización advirtió que ese despliegue avanzó con controles insuficientes, escasa transparencia y casi sin debate público.
Las conclusiones forman parte de Estado de vigilancia, el primer informe de la entidad dedicado específicamente al uso de tecnologías de vigilancia masiva en la Argentina. Según la investigación, entre 2024 y 2025 el Ministerio de Seguridad Nacional destinó al menos 1,2 millones de dólares a la adquisición de distintos sistemas.
Entre las contrataciones aparece una licencia de Maltego, una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas que permite recolectar, cruzar y visualizar grandes volúmenes de información procedente de redes sociales, sitios web, la denominada dark web, datos personales y registros de infraestructura técnica.
El Gobierno también compró una licencia de Clearview AI, una herramienta que compara fotografías con una base compuesta por millones de imágenes obtenidas de Internet. Amnistía señaló que la empresa fue cuestionada y sancionada en distintos países por la recopilación y explotación de datos biométricos sin respaldo legal suficiente.
