El nuevo cortafuegos de Flock Safety llega después de meses de críticas y abusos documentados, y desde el 1 de enero de 2027 obligará a las agencias policiales a vincular cada consulta con un caso penal específico. La empresa anunció el 13 de agosto que también reducirá de 30 a siete días el periodo estándar de conservación y activará una auditoría capaz de detectar búsquedas anómalas y bloquear temporalmente usuarios mientras se revisa su actividad.
El movimiento tiene bastante de corrección sobre la marcha, porque los departamentos seguirán conservando capacidad para decidir cómo acceden a una red que ya ha demostrado que puede usararse para usos personales.
Las cámaras Flock, lectores automáticos de matrículas conectados a plataformas de búsqueda, han pasado de herramienta policial a problema de privacidad por la posibilidad de reconstruir desplazamientos de personas sin sospecha penal.
El debate se ha intensificado en Estados Unidos tras conocerse rastreos de exparejas, familiares y conocidos por parte de agentes, al tiempo que decenas de comunidades han cancelado o suspendido contratos. Flock defiende que el sistema ayuda a localizar vehículos robados, desaparecidos y sospechosos, mientras sus detractores cuestionan el volumen de datos recogido y la amplitud de los accesos.
