Amnistía Internacional ha presentado este jueves un informe en el que hace balance de la situación este año de diez casos penales en curso o sobreseídos provisionalmente en los tribunales de Barcelona sobre personas del entorno del independentismo catalán que fueron espiadas con el programa Pegasus. La entidad concluye que la Fiscalía está “obstaculizando” dichos procedimientos y que las víctimas de este presunto espionaje masivo viven desde hace seis años un “ciclo sin fin de obstáculos para la obtención de amparo” en estas investigaciones. A su juicio, ello implica “implicaciones nocivas y negativas para los derechos humanos de las víctimas”, especialmente en el “derecho a acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.En una rueda de prensa hoy en el Col·legi de Periodistes, Amnistía Internacional ha considerado que el marco legal es “deficitario” porque “no existe un verdadero control ni antes ni después del uso” de programarios espía como Pegasus. Por ello, la organización lamenta que la actuación del Ministerio Fiscal “más que garantizar derechos de las víctimas obstaculiza en la práctica que las víctimas de espionaje tengan acceso a recursos judiciales reales y efectivos”. Con estas decisiones, añade Amnistía Internacional, se “profundiza en la revictimización”.El informe apunta también que, después de seis años de la interposición de la primera querella, los procedimientos abiertos siguen en fase de instrucción o sobreseídos a la espera de comisiones rogatorias “sin respuesta” por parte de les autoridades de Israel, de órdenes europeas de investigación caducadas o la ejecución de las cuales ha sido “defectuosa”.En un contexto de “dilación” de los procedimientos, la entidad sugiere que el Ministerio Fiscal tendría que “cambiar radicalmente su papel, ser proactivo y ponerse al lado de las víctimas y abandonar su rol defensor del Estado”. Desde su perspectiva, la Fiscalía tendría que apoyar “todas las diligencias que sean necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos como las personas que hayan participado”.Paralelamente, Amnistía Internacional propone en su informe cambios legislativos para que “el espionaje indebido a personajes de la sociedad civil en España pueda repetirse”. En esta línea, apuntan a modificaciones de la normativa reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque considera que “no existe un control judicial de sus actividades”. Por otro lado, reclama una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que “no puede ser un obstáculo para la investigación de violaciones de derechos humanos”.Calonge, 1998. Redactor de 'La Vanguardia' desde 2024. Licenciado en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra. Cubro la actualidad política catalana