Entre 2024 y 2025, el Gobierno invirtió al menos US$1,2 millones en tecnologías de vigilancia. Contrató a Clearview AI, empresa de reconocimiento facial cuestionada en distintos países por construir su base de datos con millones de fotografías extraídas de internet sin consentimiento. También se hizo de una licencia de Maltego, plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) que permite cruzar información de redes sociales, la dark web y datos personales. Adquirió drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres de seguimiento en tiempo real.
La profundización del aparato de videovigilancia de la gestión de Javier Milei fue revelado por Amnistía Internacional, que presentó este miércoles en su capítulo local el informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino”. El documento reconstruye cómo la administración libertaria, junto con el gobierno porteño de Jorge Macri, ampliaron en los últimos años las herramientas de vigilancia estatal sin debate legislativo previo ni mecanismos de control externo.
“Hay prácticas tecnoautoritarias en la Argentina”, resumió Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, durante la presentación a la que accedió elDiarioAR.
