El derecho al aborto no está garantizado en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Esta es la principal conclusión que arroja una licitación del Hospital Universitario El Escorial para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos a pacientes derivadas por la sanidad pública madrileña. Según el contrato del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con centros privados, al que ha tenido acceso EL PAÍS, “en algunos hospitales públicos” de la región “no se puede asegurar” la realización de interrupciones voluntarias del embarazo “entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”, reza el pliego. Las cifras hablan por sí solas: en 2024 [las últimas cifras disponibles] se realizaron 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. De ellas, el 99,53% se tuvieron que practicar en centros privados, lo que muestra el peso residual de la sanidad pública en esta prestación.Esto concuerda con las respuestas dadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante los últimos meses. El 9 de octubre de 2025, en la Asamblea de Madrid, la presidenta rechazó crear lo que llamó una “lista negra” de médicos objetores y afirmó: “No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo”. En esa misma intervención, dirigida a la izquierda parlamentaria, añadió: “¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”.El reconocimiento por parte del Sermas de que algunos hospitales públicos no pueden garantizar la práctica de abortos reabre además el conflicto por el registro de objetores de conciencia previsto en la ley estatal. Como publicó EL PAÍS, el Gobierno de Ayuso mantiene en pausa su puesta en marcha mientras sigue litigando contra el Ministerio de Sanidad por esta obligación. La Comunidad rechaza elaborar lo que denomina una “lista de objetores”, pero el Ejecutivo central sostiene que el registro debe servir para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.Por su parte, la Consejería de Sanidad ha asegurado a este periódico que “en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación. Igual que el Sermas garantiza la prestación, garantiza igualmente la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”.El expediente de El Escorial no es el primero. El pasado 23 de julio, el Hospital Universitario Infanta Cristina publicó en el perfil del contratante y en el BOCM un acuerdo marco similar para homologar clínicas que asumieran las interrupciones voluntarias del embarazo derivadas desde ese centro. Pero el procedimiento quedó en nada: la ficha del Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid figura ahora como anulada y recoge que el 31 de julio se publicó el desistimiento del procedimiento de adjudicación, antes de que llegara a resolverse. Para la diputada socialista Lorena Morales, ambos casos evidencian la ausencia de una estrategia común de la Comunidad de Madrid para organizar esta prestación. La parlamentaria defiende que sea la Consejería de Sanidad quien licite un acuerdo marco único para toda la región y no que cada hospital impulse sus propios contratos con centros privados. “La obsesión de Ayuso por acabar con la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos está convirtiendo el derecho al aborto en un mercado persa en la Comunidad de Madrid”, afirma.Por su parte, Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz de Sanidad en la Asamblea, reclama explicaciones sobre la situación del registro de objetores previsto en la ley y sostiene que la Comunidad sigue sin utilizar las herramientas de las que dispone para organizar esta prestación dentro de la sanidad pública. La parlamentaria acusa al Gobierno regional de recurrir a la objeción de conciencia para justificar la derivación de las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados.El contrato para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, una fórmula de contratación pública que permite seleccionar previamente a las empresas o centros que podrán prestar un servicio durante un periodo determinado y bajo unas condiciones fijadas por la Administración. En este caso, el expediente se publicó el 13 de agosto de 2026 y el plazo para presentar ofertas termina el 15 de septiembre.Lo impulsa el Servicio Madrileño de Salud, el organismo de la Comunidad de Madrid encargado de gestionar la asistencia sanitaria pública en la región. Su objetivo es homologar a las empresas y centros sanitarios que prestarán el servicio de interrupción voluntaria del embarazo y fijar las condiciones de los contratos derivados de ese acuerdo para la asistencia sanitaria proporcionada por el Hospital Universitario El Escorial “en modalidad subsidiaria respecto a los recursos propios”. En la práctica, la sanidad pública madrileña busca una red de centros externos a los que derivar a las mujeres cuando el hospital no preste directamente ese servicio con sus propios medios, lo que ocurre casi siempre.La memoria sostiene primero que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse “en el plazo más breve posible”, tanto para cumplir los plazos legales como para minimizar riesgos. Después afirma que el Servicio Madrileño de Salud no puede asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios. Y, a continuación, introduce la frase central del expediente: “Sin embargo, en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”.El acuerdo abarca tanto los abortos a petición de la mujer hasta la semana 14 como los motivados por causas médicas en gestaciones posteriores. “Es necesario recurrir a la contratación de centros acreditados externos para garantizar el acceso efectivo a la IVE a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública en la Comunidad de Madrid”. La memoria añade que, “ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”, se plantea contratar la prestación de este servicio público con entidades privadas con experiencia en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.