El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurre a la contratación de clínicas privadas para realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) ante la "imposibilidad" de asumir esa práctica en "algunos" hospitales públicos.PublicidadAsí lo precisa el Gobierno regional en la memoria justificativa de un contrato para el Hospital Universitario El Escorial publicado en el Portal de Contratación Pública, un documento adelantado por El País. En el expediente, tramitado el pasado 13 de agosto, el Ejecutivo autonómico estipula la convocatoria de dos contratos para este centro ante la "insuficiencia de medios" y la "imposibilidad" del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para "asumir la totalidad de los procedimientos".Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, durante el año 2025 se practicaron un total de 18.221 abortos en la Comunidad de Madrid. De ellos, 8.332 fueron a mujeres nacidas en España y 9.889 a originarias de otros países. De este total, se realizaron 92 interrupciones de embarazos en hospitales públicos mientras que 18.129 se ejecutaron en clínicas privadas acreditadas, según la información notificada a la Dirección General de Salud Pública."En algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario", agregan en el documento, a lo que añaden que esta contratación da respuesta a "garantizar el acceso efectivo" a la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública.Fuentes de la Consejería de Sanidad han recalcado que "cualquier hospital público" de la Comunidad de Madrid puede "dar esta prestación", y que el servicio madrileño de salud "garantiza la prestación" y "la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar".PublicidadEn una publicación en la red social X, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "incumpliendo la ley a sabiendas" y está negando a las mujeres "la libertad de elección para abortar en la pública". Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo regional que elabore el registro de objetores de conciencia y garantice la prestación del aborto en todos sus hospitales públicos.