Las objeciones de conciencia en la pública nutren el negocio de las derivaciones por toda España: el 79% de las IVE en 2024 fueron en el sector privado
“¡Váyanse a abortar a otro sitio!”. La frase que pronunció este jueves Isabel Diaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es escuchada de distintas maneras por cientos de miles de mujeres de toda España cuando acuden a ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en centro...
s públicos. La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la voluntad inexistente de gobiernos autonómicos de todo color, y la ausencia de inversiones nutren en todos los territorios el negocio de las clínicas privadas concertadas. Estos centros han recibido al menos 150 millones de euros de los presupuestos de las comunidades entre 2019 y 2024 para realizar los abortos que no asume la sanidad pública, según datos obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Muchos de estos establecimientos sanitarios nacieron a mitad de la década de los 80 bajo el impulso de médicas y médicos que querían precisamente garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tras su despenalización. Ahora están en el centro de la lucha partidista. Y sus representantes defienden que sin ellos no se podría garantizar el derecho al aborto.
