Las mujeres que se desplazan al extranjero tienen embarazos de más de 22 semanas con anomalías fetales, cuya interrupción está permitida por la ley de 2010, pero que los comités clínicos rechazan en muchos casos
Marina D., de 39 años, tuvo que coger dos trenes en enero de este año para abortar en Bruselas. Ella es solo una de las que hacen las maletas cada año desde la Comunidad de Madrid. Y es que, el 40% de las españolas que se ven obligadas a viajar a la capital belga para abortar son madrileñas. Según los últimos datos recabados por el hospital universitario público de la ciudad, CHU Brugmann, en 2024 se practicaron 200 abortos, de los cuales 80 correspondían a mujeres de Bélgica, 60 de Italia y 44 de España.
Marina asegura que ella nunca debió llegar hasta este punto. Las primeras noticias de que algo podría ir mal en el feto la recibió junto a su pareja poco antes de que se cumplieran las 22 semanas de embarazo, plazo legal para interrumpir la gestación en España. Los médicos detectaron una malformación en el cerebro de su bebé: “Tenía un quiste interhemisférico, pero nos dijeron que era muy pequeño y se podría reabsorber”. A partir de entonces, comenzaron las resonancias magnéticas. “Después de las 22 semanas consideraron que podía ser muy grave y me dijeron que podría interrumpir si un comité lo aprobaba. Nos asustamos mucho”, dice sobre aquellos días llenos de incertidumbre.
