Las comunidades tienen un mes para responder. Si no cumplen, el Gobierno las llevará a los tribunales

El Gobierno ha dado un nuevo paso para hacer cumplir la ley del aborto. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este martes un requerimiento oficial a Madrid, Aragón y Baleares para que creen el registro de objetores de conciencia que mandata la norma.

Son las tres comunidades que no han comenzado todavía los trámites para crear estas listas, que permiten organizar los servicios hospitalarios para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Eran cuatro, como adelantó EL PAÍS, pero Asturias, la única socialista que faltaba, ya los ha iniciado.

De las tres que quedan, la Comunidad de Madrid es la única que se ha mostrado abiertamente contraria a crear lo que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha denominado “listas negras” de médicos, pese a que los registros son de carácter privado, como sucede con los de la eutanasia, con las que sí cuenta su Gobierno.

La carta que ha mandado la ministra a Madrid, Baleares y Aragón es un requerimiento formal que se exige por ley antes de poner en marcha un procedimiento judicial por la vía contencioso administrativa. Las consejerías de salud tienen un mes para contestar y, a partir de ahí, el Gobierno cuenta con dos más para ponerlo en manos de los jueces.