La Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha avanzado que no creará el registro de médicos objetores de conciencia como se lo exige la ley
La Comunidad de Madrid ha avanzado que no creará el registro de objetores de conciencia del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales. “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, ha dicho este viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en declaraciones a la prensa. “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”, ha añadido.
Hoy se cumplía el plazo de un mes que había dado el ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez para que Aragón, Madrid y Las Baleares hicieran el registro con los médicos que se niegan a realizar abortos voluntarios en los hospitales públicos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que no lo hará y que desacatará el mandato. La presidenta se declara en rebeldía y no cumple así con la ley. El Gobierno central había dado 30 días para que se creara la base de datos con los nombres de los implicados. No se ha hecho.
La decisión no resulta sorprendente para nadie. La Comunidad de Madrid había avisado que sus servicios jurídicos estudiaban el asunto. El portavoz de ese Gobierno había dicho en octubre que ese registro “no vale para absolutamente nada”. Matute lo ha confirmado hoy. Sin embargo, los argumentos que ha utilizado la consejera no se corresponde con el funcionamiento de ese banco de datos. Se tiene un acceso limitado a esa información y no se pide el motivo de quienes se oponen. El Gobierno central sostiene que es al revés, que sirve para garantizar el derecho, como manda la ley, de las mujeres a abortar.
