La negativa de Ayuso a hacer un registro de profesionales contrarios al aborto choca con la normativa
La Comunidad de Madrid no pregunta a los miembros del comité clínico encargado de decidir sobre abortos más allá de la semana 22 si son objetores de conciencia o no, según aseguran a EL PAÍS fuentes de la Consejería de Sanidad. También inciden en que dichos miembros son profesionales de reconocido prestigio y que están preparados “de sobra” para tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo. La ley, en cambio, establece que no pueden formar parte de este comité profesionales que sean objetores de conciencia o que lo hayan sido en los tres años anteriores al nombramiento. No preguntar por el cumplimiento de este requisito supone, a ojos de los expertos consultados, una dejación de funciones por parte de la Comunidad de Madrid, que debe velar por que las normas se cumplan, y un incumplimiento de la legislación vigente.
“Nosotros no preguntamos a estos profesionales absolutamente nada. Solo tienen que tener acreditada experiencia sanitaria, que la tienen, y conocimientos jurídicos, que son voluntarios”, indica un portavoz de la Consejería de Sanidad. “Son voluntarios que han demostrado con la práctica clínica que están capacitados para tomar estas decisiones”, añade. En la Puerta del Sol, además, lo tienen claro: no van a hacer ningún registro de objetores por considerarlo una “lista negra”, como ha repetido en más de una ocasión la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
