Mónica García formaliza la demanda contra la Comunidad de Madrid, que se ha negado reiteradamente a cumplir la ley de 2023 y el protocolo votado por su propia consejería
La batalla entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por la ley del aborto ya está en los tribunales. El departamento de la ministra Mónica García registró el jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear un registro de objetores de conciencia, según la demanda a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El registro es una herramienta que mandata la ley orgánica de 2023 y cuya puesta en marcha está articulada en un protocolo aprobado el 16 de diciembre de 2024 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el voto favorable de todas las consejerías de Sanidad, incluida la madrileña.
A partir de ese momento, las comunidades autónomas fueron creando esos listados. Sanidad hizo un informe para investigar su cumplimiento en septiembre. Entonces todavía eran cuatro las que no contaban con él. Asturias comenzó el trámite inmediatamente después, mientras que Aragón y Baleares lo hicieron tras un requerimiento oficial del ministerio. Madrid fue la única que no movió ficha.
