La Comunidad de Madrid incumple la ley al no hacer registro de objetores, pero el Ministerio de Sanidad también lo hace al no garantizar la prestación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que administra
El aborto no es un problema social o personal para los españoles. En las encuestas del CIS no aparece entre las principales 20 preocupaciones y, sin embargo, está en el centro de la polémica política. Forma parte de una batalla ideológica en la que derecha e izquierda abanderan posiciones que no siempre tienen que ver con lo puramente sanitario: la prestación no es perfecta, pero funciona razonablemente bien (mucho mejor que otras), y los problemas no siempre están donde a menudo se señala.
Un hecho incontestable es que la Comunidad de Madrid está incumpliendo la ley al no crear una lista de objetores de conciencia, un protocolo al que su propia consejera de Sanidad votó a favor, y que ya existe para la eutanasia sin que generara polémica alguna. Pero el Ministerio de Sanidad también la incumple, de forma quizás menos evidente: no existe un acceso equitativo a la prestación en todo el país, tal y como mandata la norma de 2023.
Cientos de mujeres se ven obligadas cada año a abandonar sus provincias de residencia para abortar por no encontrar dónde le practiquen la intervención. Dos de los territorios afectados son Ceuta y Melilla, los únicos en los que la sanidad está gestionada por el Gobierno central. Allí no pueden ejercer su derecho, ni por la pública ni por la privada.
