El Ejecutivo central sale a la ofensiva con un dato: mientras en Madrid o Andalucía menos de un 1% abortan en lo público, en Cataluña la cifra supera el 55% y en otras se llega al 75%
La dirección nacional del PP quería dar carpetazo cuanto antes al frente del aborto que le abrió la semana pasada el PP del Ayuntamiento de Madrid, pero la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha interpuesto en ese propósito. La líder madrileña ha vuelto a defender una posición diferenciada en el partido sobre el registro de objetores de conciencia, lo que dificulta a Génova cerrar el capítulo del supuesto síndrome posaborto no avalado por la ciencia que Vox coló al PP en el Consistorio de la capital. Mientras otras comunidades del PP, como Aragón y Baleares, se apresuraron ayer a garantizar que cumplirán a la mayor brevedad con la creación de ese registro tras el requerimiento del Gobierno, Ayuso dijo que rechaza que se “estigmatice” a los sanitarios que se nieguen a practicar un aborto y dejó en el aire si cumplirá.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y la Comunidad de Madrid en la que les da tres meses para crear el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica del aborto. Se trata de un requisito de la ley de 2023, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. Las cuatro comunidades autónomas incumplen la norma al seguir aún sin crear dicho registro, según un informe del Ministerio de Sanidad adelantado el pasado jueves por EL PAÍS. “La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental”, advierten fuentes del Ejecutivo, que indican que el respeto a la objeción de conciencia “nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”.
