El pulso entre Ayuso y el Gobierno profundiza batalla política en torno a la sanidad pública
Isabel Díaz Ayuso no se va a echar atrás en su pulso al Gobierno por la creación de un registro de objetores al aborto y no lo va a poner en marcha ni siquiera ahora que ha recibido el primer revés judicial que este lunes ha obligado a la Comunidad a comenzar los trámites. “Es un empeño de la presidenta. Intentan ridiculizarla con que alguien se ...
lo dice por el pinganillo, pero no es cierto. Su posición es clara desde el primer día y lo ha impuesto a todo su equipo. Ni una duda”, dicen desde Sol, la sede de su Gobierno. La presidenta autonómica va de nuevo por libre y se declara en rebeldía a diferencia de todos los barones de su partido, que han decidido no ir a la guerra con el Ministerio de Sanidad. No en el caso de Ayuso.
Detrás de este pulso entre las dos administraciones más grandes de España se encuentra también una batalla política en torno a la sanidad pública. Madrid y el Gobierno español se enfrentan en los tribunales por distintos asuntos, pero el de la sanidad resulta especialmente clave. El presidente Pedro Sánchez y sus ministros quieren retratar a Ayuso como la punta de lanza de las políticas de privatización del PP. El Gobierno dio un impulso a la ley para frenar la gestión de empresas privadas en los hospitales públicos después de que este periódico destapara el escándalo de Torrejón, aunque no afectaría al modelo madrileño en la práctica, ya que la norma, de aprobarse en el Congreso, no sería retrospectiva. Sánchez ha hecho incluso mención a Quirón, el grupo que gestiona cuatro hospitales y tiene vínculos empresariales con el novio de la presidenta.
