Una licitación del Hospital Universitario El Escorial de la Comunidad de Madrid ha vuelto a mostrar que las interrupciones voluntarias del embarazo no se asumen de forma mayoritaria en la red sanitaria pública madrileña. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) afirma en un pliego para contratar centros sanitarios externos privados que practiquen abortos que “en algunos hospitales públicos” de la región “no se puede asegurar” el cumplimiento de este derecho, según ha publicado El País este jueves.
El Sermas dice en ese documento que, “entre otros motivos”, ocurre “por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”. El Gobierno de Ayuso ha gastado 22 millones en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada. Un total de 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo fueron realizadas en 2024 en la Comunidad de Madrid, según el Ministerio de Sanidad, de las cuales el 99,53% fueron llevadas a cabo en centros privados.
El acuerdo para que clínicas y centros sanitarios externos puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo a pacientes del Hospital Universitario El Escorial es un acuerdo marco, una fórmula de contratación pública que permite elegir previamente qué empresas o centros que podrán prestar un servicio durante un tiempo concreto, y con unas condiciones fijadas por la Administración. En este caso, el expediente se publicó el 13 de agosto de 2026 y el plazo para presentar ofertas termina el 15 de septiembre.
