Madrid (EFE).- El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurre a la contratación de clínicas privadas para realizar Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) ante la «imposibilidad» de asumir esa práctica en «algunos» hospitales públicos, entre otros motivos, por el «ejercicio del derecho de la objeción de conciencia».
Así lo precisa el Gobierno regional en la memoria justificativa de un contrato para el Hospital Universitario El Escorial publicado en el Portal de Contratación Pública, un documento adelantado por El País y al que ha tenido acceso EFE.
En el expediente, tramitado el pasado 13 de agosto, el Ejecutivo autonómico estipula la convocatoria de dos contratos para este centro ante la «insuficiencia de medios» y la «imposibilidad» del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para «asumir la totalidad de los procedimientos».
La objeción de conciencia de los sanitarios
«En algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización, entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario», agregan en el documento, a lo que añaden que esta contratación da respuesta a «garantizar el acceso efectivo» la interrupción voluntaria del embarazo a todas las mujeres con derecho a la atención sanitaria pública».
