El día que cumplió 18 años, Abubakar Kalissa se quedó en la calle. Había llegado a Canarias en 2024, después de viajar en avión junto a su hermano mayor desde Guinea-Conakry, en la costa occidental de África, hasta Marruecos. Tras un año allí, Kalissa se separó de su hermano y se embarcó solo en un cayuco rumbo a las islas Canarias. Desafió una de las rutas migratorias consideradas por la ONU como las más mortíferas del mundo. Cuenta que perdió a varios compañeros en el mar, incluido su mejor amigo. Pero como es huérfano de padre, y su madre necesita apoyo económico, se obstinó en llegar a España: “Mi único objetivo es ayudar a mamá”, relata. Lo que él no podía prever era que, después de sobrevivir a tantos peligros, se iba a topar con un laberinto de trámites, y que su mejor baza para sortearlo fuera acogerse a la regularización extraordinaria. De los más de 34.000 extutelados que había en España en 2023, 17.753 no tenían papeles, según el último informe del Defensor del Pueblo. La Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS preguntó al Ministerio de Migraciones cuántos de ellos han presentado una solicitud en el proceso, pero todavía no hay datos oficiales.Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España deben ser tutelados por ley hasta los 18 años. Las comunidades autónomas están obligadas a tramitarles un permiso de residencia y trabajo. Esta es la primera oportunidad que tienen para obtenerlos. Pero la realidad es distinta: el 68% de los 12.262 menores migrantes no cuenta con estos permisos, según el mismo informe del Defensor del Pueblo. La Fiscalía, por su parte, cifró en 16.041 el total de este colectivo en 2024. El proceso suele ser largo y complejo y, como el 75% de los menores migrantes que llegan al país tiene más de 16 años —de acuerdo con el documento del Defensor—, la situación es apremiante. Ana, una antigua responsable de un centro de menores canario que pide anonimato para hablar porque quiere evitar repercusiones laborales, lo confirma. Añade que la mayoría de estos jóvenes ni siquiera llegan con una identificación, como también fue el caso de Kalissa. Ella apunta que “hay que pedirle a sus países que les expidan un pasaporte”. En el consulado de Guinea-Conakry, por ejemplo, estos documentos pueden tardar hasta nueve meses en emitirse. La exresponsable del centro de acogida subraya la importancia de que los trámites se realicen antes de que los menores cumplan la mayoría de edad. “Si tienen un empleo, es mucho más fácil que, cuando tengan 18, las empresas les ayuden a gestionar un nuevo permiso por arraigo, lo que evita que pasen a la irregularidad”, afirma. Ese es el escenario ideal, pero a Kalissa ni siquiera le consta que tuviera algún trámite de los que obliga la ley. Por eso, el 30 de mayo de 2026, día de su cumpleaños, se vio obligado a abandonar el centro de menores Casa de Campo de Madrid, al que había sido trasladado desde Canarias, sin ningún papel. Dice que el único documento que le dieron fue un listado de albergues donde pasar la noche. “Eso es lo que más difícil me pareció de todo”, asegura. “Recuerdo que pensé: ¿Y ahora quién me va a ayudar?”.Las noches siguientes, Kalissa evitó el desamparo gracias a una trabajadora social que llamó a Somos Acogida, una fundación que asiste a menores y extutelados, y le consiguió un lugar en la casa gestionada por la asociación en La Puebla de Almoradiel (Toledo). Allí comparte techo con otros nueve jóvenes en una situación similar. Casi todos los compañeros de piso de Kalissa también solicitaron la regularización extraordinaria. En realidad, existía otra vía. Paloma García de Viedma es coordinadora jurídica de la Fundación Raíces y explica que, cuando cumplen 18, los extutelados sin papeles pueden obtener un permiso de residencia y trabajo a través de un mecanismo contemplado en la Ley de Extranjería. Esta es la segunda oportunidad. García de Viedma critica que en los centros de menores “no se les explique a los chicos las opciones que tienen cuando se convierten en adultos”. Lamenta una ausencia de apoyo institucional a un colectivo muy vulnerable, que suele tener pocos recursos y un nivel educativo bajo: “Si no tienen apoyo financiero de sus familias, o si viven en la calle y no hablan bien castellano, no pueden pagar los trámites ni hacer el proceso”.La jurista distingue entre las dos vías. La ordinaria (contemplada en la Ley de Extranjería) ofrece más tiempo y cuesta menos: se renueva cada dos años y las tasas son de 11 euros. La vía extraordinaria —que vendría a ser una tercera oportunidad— se debe tramitar anualmente y hay que desembolsar 38 euros. Pero tiene una ventaja, tan pronto se admite a trámite otorga permiso de trabajo; con la ordinaria, se debe esperar a que haya una resolución definitiva. Organizaciones como la Fundación Exmenas confirman que la precariedad de estos jóvenes explica la urgencia que tienen de encontrar un trabajo, que es casi la única manera de evitar la callee.Han pasado dos años desde que Abubakar Kalissa vio a su madre por última vez. Dos años sin pisar su país o abrazar a sus familiares. En España, mientras la mayoría de los muchachos de su edad planean qué hacer durante el verano —las fiestas, el mar, la playa—, él recibe clases de jardinería. Las prácticas empiezan en septiembre, cuando cuidará de las hortensias que embellecen el pueblo de Toledo donde vive. Por ahora no tiene más remedio que esperar a que un funcionario decida su suerte. Su hermano, en cambio, sigue en Marruecos. Cuando se le pregunta por qué él está en Europa y el mayor de los Kalissa no, dice: “Yo creo que todos tenemos un destino. Mi hermano se quedó porque venir aquí no estaba en el suyo. En el mío, sí”.