La crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha provocado varias paradojas. Una de ellas es la que afecta a los más de 1.800 menores que, según el cómputo oficial, se encuentran ahora en la ciudad autónoma sin acompañamiento de adultos. Un gobierno progresista como el de Pedro Sánchez ha abandonado tras la avalancha sus tesis habituales y en lugar de respaldar el acogimiento, defiende a capa y espada la expulsión. Lo hace con tanto ahínco que parece olvidar que la ley impone cautelas y restricciones para aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad e impide que estos retornen como el resto. Durante los pasados días, desde el Ejecutivo se ha afirmado que se devolverá "a todos y cada uno" de los niños que cruzaron a nado en los últimos días de julio y los primeros de agosto. Así lo aseguró, por ejemplo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esta misma semana. La promesa —lanzada junto a otros mensajes que buscan minimizar el calado de la crisis y respaldar la acción de las autoridades de Marruecos— no es, sin embargo, posible a la vista de la legalidad vigente de Extranjería y menores. Las normas obligan a poner en primer término el interés superior de cada menor. Esto implica individualizar cada caso, entrevistar a los menores preguntándoles por su voluntad de abandonar o no el país, examinar su estado de salud y localizar a sus padres. También se debe ofrecer a los niños asistencia letrada e iniciar un procedimiento bajo control de la Fiscalía, entre otra serie de cuestiones. Los procesos se alargan durante semanas, si no meses. Debe colocarse en primer término la atención inmediata de los servicios de protección. La repatriación requiere además la elaboración de un expediente por cada niño en el que se incluya un informe del país de origen, otro del servicio de protección de menores y un último de la Fiscalía. Tras todo ello, la devolución sólo puede hacerse si, examinados todos los datos, se considera que el menor va a estar mejor regresando que quedándose, en defensa de esa premisa de oro en estos casos: su interés. TE PUEDE INTERESAR Todo esto no solo descarta de forma radical la entrega de todos y cada uno. También deja a quienes obvien la norma fuera del marco legal. Existen precedentes recientes de actuaciones censurables que se han traducido en condenas. Sucedió durante la anterior legislatura, ya con Pedro Sánchez de presidente y con el ministro Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó hace menos de un año a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma por un delito de prevaricación administrativa en relación a la repatriación de menores de edad a Marruecos en el año 2021. Le impuso nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos. Delinquir por agilizar la repatriación Los magistrados consideraron probado que, entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, se produjo la entrada masiva e irregular en Ceuta de unos 15.000 inmigrantes, de los cuales unos 1.200 dijeron ser menores de edad y fueron filiados como tales. La que fuera vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, "después de mantener contactos con distintos departamentos ministeriales del Gobierno de España" —entre ellos Interior—, decidió emprender diversas actuaciones para agilizar la repatriación. En coordinación con la exdelegada del Gobierno, acordaron agilizar los trámites utilizando para el retorno de los menores no acompañados marroquíes el acuerdo de 6 de marzo de 2007 entre el Reino de España y el de Marruecos. La sentencia dice que actuaron "ante las dificultades para gestionar la extraordinaria situación creada y la precariedad de medios y recursos asistenciales para atender de forma adecuada al elevado número de menores inmigrantes no acompañados en situación administrativa irregular y el estado de malestar por la situación creada en la opinión pública en Ceuta". En resumen, obviaron la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. No comprobaron si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen, así como sin determinar si con ello el superior interés del menor podía verse comprometido. Que la historia se repita depende ahora de la forma en la que se proceda. La Fiscalía ya ha avisado. En un decreto dictado hace unos días, recordó las pautas de actuación en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, respaldó el reparto de los niños una vez filiados en las diferentes comunidades autónomas, siguiendo el reparto que se acuerde, y destacó la prioridad de implementar mecanismos para la supervisión de su protección. De momento, al menos, esa protección no se está desplegando con la celeridad adecuada. Cientos de menores se agolpan cada día en la Jefatura Superior de Ceuta para ser filiados y poder activar el proceso sin lograrlo. Vuelven después a las calles de la ciudad, donde deambulan sin control. Este mismo jueves, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 5.000 los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta tras el asalto. Prometió refuerzos para acelerar las expulsiones —"ninguno será regularizado", llegó a indicar—, pero, en este caso, hizo una salvedad con los menores, un total de 1.898 según las últimas cifras oficiales. Apostó, en su caso, por la reagrupación. La vuelta a una normalidad que no existe a día de hoy en la ciudad autónoma será lenta. La crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta ha provocado varias paradojas. Una de ellas es la que afecta a los más de 1.800 menores que, según el cómputo oficial, se encuentran ahora en la ciudad autónoma sin acompañamiento de adultos. Un gobierno progresista como el de Pedro Sánchez ha abandonado tras la avalancha sus tesis habituales y en lugar de respaldar el acogimiento, defiende a capa y espada la expulsión. Lo hace con tanto ahínco que parece olvidar que la ley impone cautelas y restricciones para aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad e impide que estos retornen como el resto.
La ley impide entregar a "todos y cada uno" de los menores de Ceuta como promete el Gobierno
La normativa nacional e internacional impone cautelas para aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad, que impiden que estos retornen como el resto, y alarga el proceso incluso meses














