"No es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria". Así resume la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) dos jornadas que vuelven a recordar que detrás del debate sobre las fronteras hay personas que arriesgan su vida para cruzarlas. Al menos 57 migrantes han fallecido intentando llegar a nado. La cifra sigue siendo provisional, ya que todavía se desconoce cuántas permanecen desaparecidas o han fallecido en la costa marroquí.PublicidadMientras continúan las labores de búsqueda, el Gobierno ha anunciado que recurrirá a los acuerdos migratorios suscritos con Marruecos para devolver a quienes hayan accedido de forma irregular a territorio español, según anunció este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, la aplicación de esos retornos está condicionada por dos límites legales: la protección especial de los menores en estos casos y la prohibición de realizar devoluciones en caliente a las personas que han alcanzado la costa a nado.Según las primeras estimaciones, entre las personas que han llegado a Ceuta podría haber unos 4.000 menores de edad. Pero es verdad que, según las cifras oficiales, muchos de ellos han regresado a Marruecos. ¿Qué ocurrirá ahora? El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, recuerda que los menores cuentan con una protección reforzada por lo que no pueden ser expulsados de forma sumaria ni colectiva. "Antes debe seguirse un procedimiento que permita localizar a su familia, conocer por qué han salido de su país y valorar todas sus circunstancias. La Ley de Extranjería sólo permite la repatriación de un menor cuando se ha comprobado que esa decisión responde a su interés superior", explica.El catedrático de Filosofía del Derecho Javier de Lucas advierte, además, de que para poder llevar a cabo esos procedimientos hacen falta unos medios de los que, por ahora, el Ejecutivo no ha desplegado en el terreno. "El Gobierno ha insistido en el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero no ha dicho nada sobre reforzar los equipos encargados de tramitar los expedientes de expulsión. ¿Cómo van a llevar a cabo esas devoluciones de las que hablan? Echo en falta medidas para reforzar Extranjería, coordinarse con los colegios de abogados y dotar de medios a quienes tienen que gestionar esos procedimientos con todas las garantías y cumpliendo el derecho internacional", apunta.El precedente de 2021La actual crisis en Ceuta recuerda a la vivida en 2021, cuando entre 8.000 y 10.000 personas llegaron a la ciudad en apenas dos días después de que el Gobierno español permitiese el ingreso hospitalario en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, lo que provocó una crisis diplomática con Marruecos. Entre ellas había alrededor de 1.500 menores de edad.PublicidadEn ese entonces, el Gobierno también se amparó en el acuerdo bilateral firmado con Marruecos para la devolución de las personas migrantes, ante el colapso de los recursos de acogida. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo en 2024 concluyó que dichas devoluciones fueron ilegales.Los magistrados recordaron que los menores no pueden ser devueltos mediante el procedimiento ordinario previsto para los adultos, ya que la legislación española establece un procedimiento específico de repatriación cuyo eje central no es el control de las fronteras, sino el interés superior del menor. Eso obliga a estudiar de forma individualizada la situación de cada niño o adolescente, escucharle cuando tenga suficiente madurez, valorar si el retorno responde realmente a su interés superior y garantizar la intervención del Ministerio Fiscal antes de adoptar cualquier decisión.Nada de eso ocurrió durante la crisis de 2021, cuando el Supremo habló de una "absoluta inobservancia" de las garantías previstas en la ley y consideró que esa actuación vulneró el derecho a la integridad física y moral de los menores, ya que las autoridades no comprobaron qué podía ocurrirles una vez fueran entregados a Marruecos ni evaluaron si esa decisión protegía realmente sus intereses. Así, el tribunal dejó claro que la presión de una crisis migratoria no justifica saltarse los procedimientos y las garantías establecidos por la ley para proteger a las personas más vulnerables.PublicidadPara Beltrán, ese precedente -que acabó con la condena a nueve años de inhabilitación de la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y de la exvicepresidenta primera del Ejecutivo ceutí por las devoluciones de menores de 2021- debería servir de advertencia. "Nos preocupa que el Gobierno hable de agilizar los procedimientos, no sabemos qué significa exactamente eso para ellos. El traslado de menores a otras comunidades puede hacerse, pero debe seguir un procedimiento que lleva tiempo. Hay que hablar con ellos, explicarles qué va a ocurrir y valorar si tienen familiares o personas de referencia en otros lugares. Lo que no puede ocurrir es que, dentro del país, los menores sean trasladados como si fueran paquetes", señala.Las personas llegadas a nadoLa devolución de los adultos que hayan llegado nadando tampoco puede realizarse de manera sumaria. El pasado 29 de junio el Tribunal Supremo dejó claro que las llamadas devoluciones en caliente son un mecanismo excepcional que solo puede aplicarse cuando una persona intenta superar un elemento de contención fronterizo. Y, según la interpretación fijada por los magistrados, esos elementos son únicamente barreras físicas destinadas a impedir el paso, como las vallas de Ceuta y Melilla, no los sistemas de vigilancia, como drones, cámaras térmicas o sensores.La sentencia cambia por completo el escenario para quienes llegan por vía marítima. Al alcanzar las costas españolas a nado o en patera no atraviesan ninguna barrera física, por lo que ya no pueden ser expulsados mediante una devolución en caliente, de manera inmediata. En esos casos, la Administración debe recurrir al procedimiento ordinario de devolución previsto en la Ley de Extranjería. A diferencia del rechazo en frontera, este mecanismo exige la apertura de un expediente individualizado y el respeto de las garantías previstas por la ley, como el derecho a asistencia letrada, a un intérprete, a presentar alegaciones y a que se examine si la persona necesita protección internacional antes de acordar su devolución.La legislación española prevé que ese procedimiento de devolución pueda ejecutarse en 72 horas, aunque si no pudiera materializarse dentro de ese plazo, la normativa contempla el ingreso de la persona en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras avanza el procedimiento administrativo. "Ahora mismo la situación es muy compleja, con un CETI que está superado, porque ya hay más de 500 migrantes dentro. Aunque se les trasladase al CIE de Algeciras, el más grande de España, tampoco podría hacer frente a esta cantidad de migrantes", explica el catedrático.CEAR solicita al Gobierno que agilice su respuesta y traslade a estas personas al sistema de atención humanitaria y de acogida en la Península, en coordinación con las entidades. "Este sistema actualmente está plenamente operativo y con capacidad, tras el descenso de llegadas por vía marítima y aérea del último año", apuntan.La importancia de la instalación de boyasNo obstante, la mencionada sentencia del Supremo dejaba un margen que el Gobierno ha decidido aprovechar. Como adelantó Público, el fallo no cerraba completamente la puerta a las devoluciones inmediatas en el mar. Al contrario, la Sala señalaba que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería se refiere a "elementos de contención fronterizos", sin limitar ese concepto a las fronteras terrestres o a las vallas. Por ello, añadía que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos".Es precisamente esa puerta la que ahora pretende abrir el Ejecutivo. Pedro Sánchez anunció este viernes que el Gobierno instalará boyas en la frontera marítima entre Ceuta y Marruecos para crear un elemento de contención física que permita aplicar de nuevo las expulsiones inmediatas. Además, el Ejecutivo no descarta impulsar una modificación de la Ley de Extranjería, una posibilidad que el Gobierno de Ceuta ya reclamó este jueves.Publicidad"Con ese sistema de contención y con unas lanchas de la Guardia Civil el Gobierno ya puede justificar las devoluciones en frontera", señala De Lucas. No obstante, advierte de que ese mecanismo solo serviría para quienes intenten acceder una vez instaladas esas infraestructuras. "Con la gente que ya ha pasado eso ya no sirve. Para esas personas el Gobierno tiene que tramitar procedimientos individualizados de expulsión, y eso no se hace ni en una semana ni en un mes", afirma.La migración como arma geopolíticaMás allá del debate jurídico, Red Acoge sitúa el foco en el modelo de gestión migratoria. Frente a la tesis del Ministerio del Interior, que atribuye el aumento de las llegadas a la instrumentalización que las mafias estarían haciendo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, la organización sostiene que el modelo de externalización de fronteras "fortalece la capacidad de Marruecos para ejercer presión sobre España utilizando la migración como instrumento geopolítico".Asimismo para De Lucas, el hecho de que miles de personas regresaran a Marruecos demuestra que Rabat mantenía el control de la situación. "Miles de personas volvieron a su país cuando recibieron instrucciones para hacerlo", sostiene.PublicidadRed Acoge también alerta de que el auge de los discursos de odio y la criminalización de las personas migrantes "no favorecen una respuesta humanitaria que ponga en el centro la vida de todas las personas". Por ello, reclama un cambio en el modelo de gestión migratoria que deje de estar centrado exclusivamente en el control de las fronteras y priorice el respeto de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales asumidas por España.