Prácticamente desde el primer minuto, la crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta —con un número aún indeterminado de muertes y al menos 5.000 personas todavía en las calles de la ciudad autónoma— se fue convirtiendo también en una trifulca política y, a medida que pasan los días, el radio de la disputa se va estrechando. En estos momentos, el principal foco es la discusión en torno a la acogida de los niños, niñas y jóvenes migrantes que permanecen en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha estimado en 1.898 los menores que permanecen en la ciudad. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia acusan al PP de bloquear el debate sobre su atención.PublicidadEste jueves por la mañana, se ha celebrado una comisión sectorial que ha presidido Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia, y a la que han asistido representantes de todas las comunidades autónomas, excepto de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En esas tres regiones, Vox controla las competencias en migraciones y hace unos días comunicaron su ausencia. Tal y como han trasladado fuentes oficiales del ministerio, en la reunión se ha decidido la fecha en la que se celebrará la Conferencia Sectorial —será el 27 de agosto— y su orden del día. Ese segundo elemento ha traído cola. Si la comisión de este jueves puede definirse como un encuentro de perfil técnico, la conferencia es la cita en la que el Gobierno central y los autonómicos deben dialogar para tomar decisiones coordinadas. Desde el ministerio explican que en la reunión de este jueves se ha acordado que, en la conferencia, se votará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta que aprobó el Ejecutivo y que está vinculado exclusivamente "a la atención de la infancia migrante no acompañada que en estos momentos se encuentra en la ciudad autónoma".Pero, además, el secretario de Estado ha propuesto incluir en esa próxima reunión una cuestión más en el orden del día: "Un punto informativo y de debate sobre la atención a la infancia migrante no acompañada que en estos momentos se encuentra en la ciudad autónoma" y sobre la situación general de Ceuta. Es un elemento que las comunidades que preside el PP habrían rechazado, según fuentes de la cartera que lidera Sira Rego. Este medio ha preguntado los de Alberto Núñez Feijóo si, efectivamente, ha bloqueado el debate de ese punto en la conferencia del 27 de agosto, pero no han querido, en palabras textuales, "entrar en una guerra de versiones".Lo cierto es que la posición popular en torno a este tema es un poco ambigua. Por una parte, desde Génova han insistido en que el PP cumplirá la ley. Y la ley, en ese sentido, es inequívoca. La Ley de Extranjería y el Reglamento de Extranjería impiden devolver a todos los menores a Marruecos, por mucho que también la parte socialista del Gobierno esté insistiendo en sus declaraciones públicas en que volverá al país de Mohamed VI "hasta la última persona" que pasó la frontera el 30 de julio. En cualquier caso, la situación de saturación extrema que vive Ceuta obliga al Estado a distribuir esos menores entre las distintas comunidades autónomas. Precisamente, el Ejecutivo aprobó ese fondo de 25 millones de euros para dotar de recursos extra a las regiones. Y, ¿por qué es ambigua la postura del PP?PublicidadEn una entrevista para okDiario, Feijóo sacudió de toda responsabilidad a las comunidades autónomas. El Gobierno, subrayó el líder popular, no puede hacer "responsables" a las autonomías de "las consecuencias de un ataque a la soberanía y a la integridad territorial" ni abrir "una guerra por los menas", haciendo suyo el término que utiliza sin reparos Vox y toda la extrema derecha. El líder del PP no quiere a menores migrantes en sus autonomías. La mañana de este mismo jueves, fuentes de la Comunidad de Madrid trasladaban a los medios que un representante suyo asistiría a la comisión celebrada este jueves, pero para exigir la "reagrupación de los menores con sus familias o su entrega al sistema de protección de menores de Marruecos, que existe y que funciona". Así, a nivel de relato, el PP se pone de perfil ante la acogida de menores en sus autonomías. Pero, a la luz de lo ocurrido este jueves —habida cuenta de que el propio PP no lo niega—, ese relato lo lleva a la práctica torpedeando el debate sobre la atención a esos niños y niñas en la conferencia que se celebrará el 27 de agosto. "Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta", ha dicho Rego en una publicación en la red social Bluesky.Hay que partir de la base de que la "reagrupación familiar" de la que habla el PP es el escenario en el que trabaja el Gobierno, pero siempre y cuando se cumpla la legislación española y todos los pasos que prevé la ley. En otras palabras, que el retorno del menor se produzca en condiciones de seguridad. Y es la Fiscalía —no el Gobierno— la encargada de decidir sobre cada caso. Además, Público informa este viernes de que España lleva 14 años sin devolver ningún menor de edad a Marruecos, seis de ellos con el popular Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo.PublicidadEl Senado es una trinchera... también en agostoEl PP hace otras tres grandes críticas al Gobierno además de las ya mencionadas: no ofrecer datos claros sobre los menores migrantes que permanecen en Ceuta y tampoco sobre el total de personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma; entrar en contradicción cuando dice que devolverá "hasta la última persona" a Marruecos y, a la vez, tratar de coordinar a las regiones para la acogida a los menores; y rechazar las comparecencias de varios ministros en el Senado, tal y como pidió el PP. El caso de Margarita Robles es especial.Los populares querían que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, comparecieran esta misma semana en el Senado para rendir cuentas sobre la crisis en un capítulo más de su uso de la institución para aumentar la presión sobre Pedro Sánchez y sus ministros. Sin embargo, la citación fue rechazada por el Gobierno "ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de duplicar comparecencias", tal y como confirmaron fuentes socialistas a Público. Todos esos ministros —además de Bolaños— ya han registrado una comparecencia en el Congreso a finales de agosto.Pero la sorpresa llegó cuando el equipo de prensa del PP del Senado informó a los periodistas de que "la presión" había surtido efecto y Margarita Robles sí comparecería en el Senado el día 18. Esa comunicación se produjo el pasado martes. Sin embargo, este mismo jueves ha trascendido una carta remitida al presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, de parte de la propia ministra de Defensa, en la que le informa de que tampoco ese día 18 (el martes de la semana que viene) podrá comparecer por cuestiones de agenda y por no disponer del "tiempo suficiente" para "la adecuada preparación" de esa comparecencia.A continuación, el PP ha reprochado a Robles estar "enjaulada" en el Gobierno de Pedro Sánchez —en una referencia a una filtración pasada en la que el presidente llamaba pájara a la ministra en conversación con el exministro y ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos— y la ha acusado de ser un "peón más del sanchismo". Público ha solicitado al PP alguna prueba de que Robles aceptara la comparecencia del día 18, habida cuenta de que los populares trasladaron de forma oficial que la ministra comparecería entonces. Pero el partido de Feijóo no las tiene o no las aporta. La única carta de Robles que ha podido consultar este medio es una en la que la ministra trasladaba a Rollán su "plena disposición" a buscar una fecha "compatible con los compromisos fijados en agenda". Así, la titular de Defensa se muestra dispuesta a comparecer en el Senado pese a la duplicidad con el Congreso, pero en ningún caso acepta ni se compromete a hacerlo el día 18.Con todo, el PP no ha dejado pasar la oportunidad —en una dinámica constante durante la legislatura— de utilizar el Senado, donde tiene mayoría absoluta, como una herramienta de presión contra el Gobierno. Casi como una arma arrojadiza. Está por ver si lleva el enfrentamiento más allá —por ejemplo, elevando la negativa de los ministros a comparecer al Tribunal Constitucional— o si se queda en una mera riña política.