Choque en el contenido y en el continente. La crisis abierta en Ceuta tras el salto de la valla del pasado 30 de julio presenta una vertiente especialmente delicada por la urgencia con la que debe ser resuelta: la acogida de los niños, niñas y jóvenes menores de edad que se encuentran en situación irregular tras haber accedido a la ciudad autónoma. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los ha cifrado en unos 1.400. Y la postura del PP con respecto a cómo se debe actuar con ellos la ha fijado su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Okdiario: "Lo lógico y lo pertinente es devolver a todos los menores a Marruecos". Y no solo eso. En la misma entrevista, el político gallego subraya que el Ejecutivo no puede hacer "responsables" a las comunidades autónomas de "las consecuencias de un ataque a la soberanía y a la integridad territorial" ni abrir "una guerra por los menas", usando el término que utiliza la ultraderecha para referirse a los menores no acompañados.PublicidadLa diferencia en el contenido entre lo que defiende el Gobierno y lo que defiende el PP es, precisamente, esa. El Ejecutivo, tal y como explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prevé que en pocas semanas se empiece con las "derivaciones y acogida en península". La prioridad para el Gobierno es la reagrupación familiar de los menores en aquellos casos en los que sea posible y seguro para los mismos, pero, al tiempo, señalan que la Ley de Extranjería establece la responsabilidad de las comunidades autónomas en la acogida de esos niños y niñas cuando se produzcan situaciones de sobresaturación en los distintos territorios, como ocurre ahora con Ceuta. En ese sentido, la colisión entre el PP y el Gobierno es clara a juzgar por las palabras de Feijóo.Por otro lado, la posición del PP tiene similitudes y diferencias con respecto a la de Vox. Ambos partidos firmaron en sus acuerdos autonómicos en varias comunidades textos que especificaban su rechazo a recibir en sus autonomías a menores migrantes. Eso está escrito negro sobre blanco. Es el caso de Aragón, Castilla y León, Extremadura o Andalucía. Pero mientras Vox se cierra frontalmente la acogida, el PP juega a la ambigüedad. Quiere librar a las autonomías de las acogidas —así lo ha expresado Feijóo en la entrevista antes mencionada—, pero se compromete a "cumplir la ley". Fuentes de Génova, en conversación con Público, amplían esa perspectiva: "Es el Gobierno el que ha creado el problema y lo que pretende, como siempre, es que las autonomías se lo resuelvan". "Lo que tiene que hacer", rematan, "es llevar a cabo todas las gestiones diplomáticas con Marruecos para que todos y cada uno de los menores que llegaron con la invasión de inmigrantes vuelvan a su país". Más allá de la terminología utilizada, el PP no pone el acento en la seguridad de los menores en esas "vueltas" —como sí ha hecho, por ejemplo, Sira Rego—, sino en abandonen España "todos y cada uno" de ellos.El foro en el que las autonomías y el Gobierno debaten este tipo de asuntos es la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, que preside el ministerio de Rego. Este jueves, se celebrará una comisión sectorial, una reunión de perfil técnico en la que se redactará el orden del día de la conferencia. El vicesecretario general de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que su partido asistirá a dicha reunión. A su vez, fuentes populares han confirmado a Público que el partido tampoco dará la espalda a la conferencia que se celebrará a finales de agosto. Irán a "escuchar" al Gobierno.PublicidadHay que partir de la base de que el PP ya bloqueó el pasado 8 de abril una conferencia similar con su decisión de no asistir. La reunión no se puede celebrar en caso de que no haya quórum. Tal y como se especifica en su Reglamento aprobado en 2021, para que se pueda llevar a cabo tiene que asistir la mitad más una de las comunidades y ciudades autónomas. Si las del PP asisten, los números salen. De todas formas, la ley vigente —que da responsabilidades de acogida a las autonomías— prevalece sobre estas conferencias sectoriales, que tienen importancia más bien en lo referente a la coordinación. En el caso de la que se celebrará en agosto, se tratará, por ejemplo, el crédito extraordinario de 25 millones de euros que aprobó el Gobierno para solventar la crisis de Ceuta.La controversia en los gobiernos PP-VoxHay tres comunidades, con todo, que ya han dicho que no asistirán a la reunión de este jueves. Son Aragón, Castilla y León y Extremadura. En las tres, el PP gobierna junto a Vox y las competencias migratorias recaen en las consejerías de la extrema derecha. Por lo tanto, es Vox el partido que ha tomado la decisión de no asistir. Preguntadas por este medio, fuentes del PP de Aragón afirman que "respetan" la decisión de su socio pero al mismo tiempo expresan su rechazo, por su poca "eficacia", a las conferencias sectoriales en materia migratoria: "Las últimas reuniones solo han servido para establecer unilateralmente repartos de menores absolutamente discriminatorios en los que se ha excluido a País Vasco y Cataluña para garantizar los votos que Sánchez necesita para aguantar en Moncloa".Por su parte, la Junta de Castilla y León emitió un comunicado oficial en el que se anunciaba la no asistencia a la cita. Además, se puntualiza que la institución impugnará "todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos, única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor". Las fuentes consultadas del PP castellano y leonés se remiten a esa comunicación. El PP de Extremadura no ha respondido a las preguntas de Público.PublicidadEn cualquier caso, la Ley de Extranjería fija los criterios de acogida por parte de las distintas comunidades en casos de "contingencia migratoria extraordinaria", como lo es la actual, habida cuenta de que Ceuta excede por mucho sus capacidades de acogida. Por lo tanto, tal y como explicó la ministra Rego y remarcan fuentes del ministerio, la norma se deberá activar también para las comunidades que no asistan a las reuniones sectoriales. Está por ver cómo resuelve el PP la papeleta con Vox, con quien dejó por escrito el rechazo a la acogida de ningún niño, niña o joven migrante en sus pactos de gobierno en las comunidades antecitadas. Ya entonces se señaló que el acuerdo podía chocar con la legislación.Comparecencias fantasma en el SenadoY si en el contenido hay discrepancias entre el PP y el Gobierno, las hay también en el continente. Los populares querían que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; y José Manuel Albares, ministro de Exteriores, comparecieran esta misma semana en el Senado para rendir cuentas sobre la crisis en un capítulo más de su uso de la institución para aumentar la presión sobre Pedro Sánchez y sus ministros. Sin embargo, la citación ha sido rechazada por el Gobierno "ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de duplicar comparecencias", tal y como apuntan fuentes socialistas en conversación con Público.Hablan de "duplicidad" de comparecencias porque esos mismos ministros, además del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya han solicitado comparecer en el Congreso a finales de agosto. El PP entiende que el artículo 66.2 de la Constitución no deja lugar a dudas y no establece diferencia entre las dos cámaras —Congreso y Senado— para "controlar la acción del Gobierno". Por lo que consideran que el Ejecutivo vulnera la Constitución. El PSOE, en cambio, entiende que, al haberse producido esa duplicidad en el registro de comparecencias, las mismas deben "sustanciarse en el Congreso, la cámara que otorga la confianza al presidente del Gobierno".La doctrina del Tribunal Constitucional es escasa en este sentido, si bien es cierto que la sentencia 124/2018 determinó que Pedro Morenés, ministro de Defensa entre 2011 y 2016 con Mariano Rajoy, tendría que haber acudido a una comisión en la que se le citó en el Congreso y, al no hacerlo, menoscabó la facultad de la cámara. Es la sentencia más relevante en este sentido. No existe, de todas maneras, una concreta en la que se especifique qué ocurre —o cómo se debe actuar— en caso de que se dé esa duplicidad de peticiones que esgrime el Gobierno para no esquivar la comparecencia que exige el PP en el Senado.