En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 12. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.
Un fondo llamado Hipoges y con sede social en Madrid ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”
Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.
Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.
