Maricarmen tiene 87 años y el próximo miércoles 3 de junio se enfrenta a su segundo intento de desahucio. El primero fue en octubre, pero lo consiguió paralizar. Esta vez, el Sindicato de Inquilinas ha organizado un pasacalles y una acampada con los que pretenden conseguir el mismo resultadoPublicidadLa empresa de inversiones Urbagestion quiere que se vaya de la que ha sido su vivienda desde los 17 años. Primero estuvo a nombre de su padre, después de su madre y, tras su fallecimiento, el contrato de renta antigua se subrogó a esta jubilada.En 2017, la entidad le dio la oportunidad de comprar el piso a precio de mercado, algo inasumible para Maricarmen. Su vivienda se encuentra cerca del parque Retiro, una de las zonas más gentrificadas del centro de Madrid. La otra alternativa era aceptar un alquiler de más de 1.600 euros, lo que suponía una subida de casi el 300% y pagar 200 euros por encima de su pensión. Así que le tocó resistir y organizarse con el Sindicato de Inquilinas.Está cansada, le cuesta andar y tiene que hacer parones para explicarse ante la prensa. Lleva cinco años bajo la incertidumbre de qué será de ella, pero no ha tirado la toalla. El pasado domingo acudió acompañada de vecinas y voluntarias a la manifestación por la vivienda y este jueves se ha presentado frente al Congreso de los Diputados para pedir "algo de educación" y que "se dignen" a contestarla.El pasado mes de octubre consiguió paralizar el primer lanzamiento tras una movilización vecinal nunca vista en su distrito. El caso fue tan mediático que consiguió reunirse con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sin embargo, casi medio año después no ha vuelto a tener noticias, ni del Gobierno, ni de las administraciones autonómica y local. Desde el Inquilinato piden que su vivienda pase a formar parte del parque público de vivienda y se le ofrezca a la mujer un alquiler social.Publicidad"Lo que no es justo es que nos pongan en la calle para que unos fondos buitre vengan y se queden con nuestras casas. Yo hace 71 años que vivo aquí. No tengo familia directa. Si el señor Sánchez y la señora ministra de Vivienda saben dónde voy, que me lo digan. Hasta hoy nadie me ha dado ninguna opción", cuenta. Sabe que su situación es la de mucha gente, a la que anima a luchar y a salir a la calle.Explica que todo este proceso le está pasando factura. Lo único que pide es que le dejen vivir en la casa donde fallecieron sus padres: "Es mi vida y yo quiero seguir viviendo aquí. Yo no me voy a ir". "El Gobierno lleva mucho tiempo diciendo que hace, pero yo no veo que haga nada, por lo menos, en lo que respecta a mí, no ha tenido la delicadeza de dirigirse con alguna carta o alguna información", añade.La de Maricarmen es una historia ligada a la mercantilización urbanística y al machismo propio del franquismo. No sólo está siendo víctima de una revalorización extrema del barrio, sino de unas leyes antiguas que impidieron a su madre firmar el primero de los contratos de arrendamiento. PublicidadAl ser mujer, su única opción fue subrogarse al firmado por su marido tras su muerte. Esto obligó a la actual inquilina a hacer una segunda subrogación en 2005, cuando su madre falleció. La ley contempla que las segundas subrogaciones deben ser de sólo dos años, por lo que la actual propietaria le notificó en 2020 que su contrato estaba caducado. El Tribunal Supremo acabó dando la razón a Urbagestión.Una acampada para evitar el desalojoAlicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado que el próximo martes 2 de junio, el día previo al desahucio, se organizará un pasacalles en las inmediaciones de su casa. En este evento participarán diferentes perfiles artísticos, que darán a conocer en los próximos días. La seguirá una acampada durante toda la noche con la que esperan evitar la entrada de los antidisturbios en la vivienda. Ya en el anterior intento de desahucio decenas de vecinos de Maricarmen, junto con voluntarios del Inquilinato llenaron las calles de este barrio para denunciar el desamparo que sufre esta anciana.