Urbagestión, la empresa que compró la vivienda de Maricarmen y ha iniciado su proceso de desahucio, se querella contra el Sindicato de Inquilinas. Según denuncian desde esta plataforma, la única comunicación que han recibido de este fondo ha sido esta querella criminal. La denuncia se ha interpuesto tanto contra el sindicato, como contra Valeria Racu, una de sus portavoces. PublicidadDe acuerdo con un comunicado de prensa difundido por el Inquilinato, Urbagestión les acusa de tres presuntos delitos: coacciones; descubrimiento y relevación de secretos; y contra la intimidad y el honor. Además, exige 10.000 euros en concepto de daños. Maricarmen, de 88 años, se enfrenta el próximo 23 de junio a su tercer intento de desalojo. Lleva más de tres décadas viviendo en el mismo domicilio del barrio de Ibiza, donde sus padres firmaron un contrato de renta antigua. Los actuales propietarios llegaron a exigirle a esta jubilada asumir una subida de más del triple de su renta anterior.